Para mantenerse en el poder y evitar actos que consideren subversivos o incuso, rebeliones internas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han fortalecido su aparato de vigilancia, inteligencia e infiltración a unos níveles de película, o al menos, así lo revela un reciente informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua designados por la Organización de Naciones Unidas.
El amplio informe documenta violaciones sistemáticas a los derechos humanos y las libertades fundamentales a los nicaragüenses por parte de la dictadura, entre los que destacan detenciones arbitrarias, represión transnacional, despojo de nacionalidad y confiscaciones, pero uno de sus capítulos relata cómo funciona la estrategia de espionaje de los Ortega-Murillo.
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El Estado volcado a vigilar
Se trata de una «amplia red» que se coordina por varias instituciones como la policía, el ejército y otras instituciones del Estado. Pero no solo eso, el Grupo asegura que también participan funcionarios «del servicio deiplomático y actores no estatales».
Esta red se activa para la represión transnacional por ejemplo, donde hay dos facciones. Una que es más de orden político y se encarga de identificar a los que serán vigilados, baja las orientaciones para la recopilación de información sobre esas personas y plantea las estrategias de espionaje y otra más operacional que se encarga de tomar acción sobre las decisiones que la facción anterior toma con respecto de las personas que son objeto de vigilancia.
«Juntos constituyen una estructura integrada eficaz que permite al Estado proyectar su aparato represivo en el exterior para perseguir a nicaragüenses exiliados», dice el documento.
Los que mandan
El Grupo de Expertos indica que las decisiones en esta unidad las toman en primer lugar Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, hasta antes de su arresto en agosto de 2025.
También están en la línea de mando el viceministro del Interior Luis Roberto Cañas y altos dirigentes del Frente Sandinista.
Por supuesto, también están en esta lista el jefe de inteligencia y contrainteligencia militar, mayor general Leonel José Gutiérrez, recientemente sancionado por Estados Unidos y el instituto de Telecomunicaciones y Correos TELCOR, que está dirigido por la nuera de Murillo, e hija del jefe policial Francisco Díaz, Nahima Janett Díaz.
«Ellos son quienes determinan qué nicaragüenses exiliados deben ser objeto de persecución, definen “categorías
de amenaza” y deciden las medidas que deben adoptarse, entre ellas la vigilancia, el acoso, la intimidación digital y presencial, el seguimiento a través de servicios consulares y la denegación de documentos. Envían órdenes a las instituciones estatales pertinentes, las embajadas y las estructuras del FSLN para su ejecución coordinada», indican.
Un espía de alta confianza
El Grupo de Expertos denuncia con base a 12 fuentes diferentes entrevistadas que Valdrack Jaentschke, canciller de Nicaragua y ubicado a lo largo de los años en varios cargos y dependencias diplomáticas, especialmente varios países de Centroamérica, también formaba parte de los tomadores de decisiones en esa red de espionaje e inteligencia.
Jaentschke, era por lo general trasladado a sedes diplomáticas donde había aumento de exilio nicaragüense, incluído Costa Rica, donde aprovechaba su puesto para mantener monitoreados a opositores e informar a Ortega y Murillo.
«Durante estas misiones diplomáticas, el Sr. Jaentschke, que había trabajado en la Dirección General de Seguridad del Estado, estableció redes de influencia, especialmente en Costa Rica, y veló por la coordinación operacional entre actores estatales y no estatales, incluidos informantes, con lo que contribuyó directamente a la localización, vigilancia e intimidación de nicaragüenses exiliados y a la recopilación de información en los tres países en los que prestó
servicio», cita la investigación del Grupo.
Embajadores y espías
El uso de sedes y recursos de embajadas para el trabajo de espionaje y la coordinación con países aliados al régimen para esta vigilancia es parte de las mayores preocupaciones del Grupo.
Señalan que desde 2020 las embajadas de Nicaragua en al menos cinco países acogieron a personal de la Dirección de Defensa y la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar y que «la mayoría de embajadores nicaragüenses actúan como Secretaríos Políticos del FSLN en sus embajadas, coordinan la vigilancia de exiliados y de sus familias en sus respectivos lugares de destino e informan directamente a la Sra. Murillo».
Informantes e infiltrados
Pero la red no solo busca identificar y vigilar a sus opositores a la distancia. Se encargan de penetrar en su circulo íntimo para poder obtener más información, por lo que llevan a cabo «operaciones encubiertas en el extranjero». Esto puede incluir el uso de informantes o de infiltrados, que tienen la misión de recopilar información sobre la diáspora, como reuniones, actividades, vínculos familiares y de otro tipo, así como movimientos, ubicación, residencia y rutina. Estas personas informantes pueden ser nicaragüenses o extranjeros.
Si la red decide pasar a otro nivel con la persona bajo vigilancia establecen acuerdos informales con personas que se encuentran en el país de destino, muchas de ellas vinculadas a redes criminales, para vigilarla, amenazarla y acosarla. Lo hacen de esta forma para evitar ser relacionados en los hechos, y atribuirle todo al crimen común.
La hija de Díaz es clave
Nahima Díaz, nuera de los Ortega, no es una agente inofensiva en este proceso. Su trabajo es la vigilancia digital, el monitoreo de medios independientes, y lo peor, la interceptación de las comuninicaciones.
Además, después de obtener información la envía a periodistas e influencers sandinistas para que estos a su vez impulsen campañas de desprestigio, acoso, difamación e intimidación en línea.
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