Está recluido desde 2013 por denunciar a Ortega de abusar sexualmente de su hermana
Aunque los medios de comunicación reportan que en los últimos meses el Gobierno sandinista llenó las cárceles de presos políticos, lo cierto es que mucho antes de abril, el primer preso político del dictador ya estaba en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, su nombre: Santos Sebastián Flores. Fue recluido en junio del 2013. Su delito: haber denunciado que Daniel Ortega, abusó de su hermana desde que ella tenía 15 años de edad.
Toda la familia Flores Castillo, dio una conferencia de prensa en el año 2017 en Miami, acusando a Ortega de haber seducido y abusado sexualmente a Elvia Junieth Flores. “El Presidente conoce a mi hermana en campaña presidencial para las elecciones del 2006”, dice Sujey Flores, hermana de la víctima, a la cadena Univisión.
Relatan que ellos pertenecían a la militancia sandinista y eran de escasos recursos. Creían que el triunfo de Ortega representaría realmente un cambio para sus vidas, ya que se vendía como el Presidente de los pobres, por eso todos se involucraron en diferentes organizaciones partidarias para promover la campaña de Ortega, quien habría conocido a la joven cuando esta asistió como parte de la Juventud Sandinista a un evento del entonces candidato presidencial. “Dos hombres bajaron, se acercaron a ella, al oído le dijeron algo y a los cinco minutos ella se levantó y subió a la tarima”, dijo su hermana.
Desde entonces, Ortega empezó a frecuentar a la joven, mandándola a llamar con sus personeros más confiables.
“Lo vimos como algo normal, como un buen líder preocupado por el pueblo, nosotros más bien contentos, decíamos, ve vamos a tener un buen presidente, dijo Martha Flores, otra hermana de la víctima.
“Luego ella nos dijo lo que había pasado, que el Presidente la había tocado, la habría enamorado, la sedujo”, relataron consternadas.
A causa de esa relación ilegal. Elvia tuvo dos niñas, una de cinco años y otra de 11 meses a la fecha de la denuncia. Según los familiares, la mayor es hija del mandatario.
Durante la conferencia de prensa, los hermanos llamaron vía telefónica a la joven que se encuentra en Managua y ella expresó: “Me ha destruido a mí, he decidido alzar mi voz y romper el silencio, quiero denunciar que soy víctima de abuso de poder por Daniel Ortega”.
Al ser cuestionada sobre la paternidad de sus hijas dijo: “No estoy preparada para hablar sobre mis hijas, es algo muy delicado, y muy difícil. Ellas son la parte privada de mí y no quiero mencionarlas en este momento».
Ortega se preocupó mucho por ocultar el delito. Justo unos meses antes, se había casado por la iglesia con Rosario Murillo.
Encubriendo su delito
El Diario Las Américas realizó una investigación que revela que la hija de la joven habría sido reconocida por un cercano operador político de Ortega; Néstor Moncada Lau.
Además publicó copias de los depósitos que cercanos de Ortega realizaron mes a mes a la cuenta de la menor. Su hermana Martha dijo:
“Ellos las abrieron las cuentas, a mi hermano, él lo escribe en su carta, yo no tocó ese dinero porque a mí no me van a comprar con dinero”.
Se refiere a una carta que Santos Sebastián logró enviar desde la prisión, en la que denuncia ser víctima de torturas y malos tratos por parte de las autoridades. Santos fue apresado cuando trató de denunciar a Ortega por el delito de abuso sexual. El delito se lo imputaron a él y lo condenaron a 16 años de prisión.
“Mi hermanos se encuentra al borde de la muerte, no sabemos si él está con vida o no, tenemos muchos meses de no saber nada de él”.
Denunciaron que a su hermano lo matan lentamente con tratos inhumanos, sin derecho a visitas, ni a salir al patio.
La joven abusada, que en el momento de la denuncia ya tenía 28 años de edad a través de una llamada telefónica gestionada por su familia, pidió ayuda para salir del secuestro de la que es víctima, ya que Ortega ha dado órdenes de vigilar su casa y no le permite salir.
La joven precisó que su situación es la misma que la de su hermano Santos Sebastián. «Él está preso en el Sistema Penitenciario, y yo en una casa. Para mí es una tortura psicológica. Tengo muchos impedimentos para realizarme como persona, como madre, y como profesional». Ella tiene restricción migratoria, por lo que no puede salir del país y según denunció sus teléfonos están intervenidos y no puede hacer nada de manera privada.
El artículo 170 del Código Penal de Nicaragua establece que una persona mayor no puede sostener relaciones sexuales con una menor de edad (Hasta los 18 años), aún con el consentimiento de esta, porque una menor no tiene la capacidad de tomar decisiones consientes, y el mayor por su conocimiento y experiencia puede usar su poder, ventaja económica y fuerza física para ejercer control sobre la adolescente.
La situación de persecución contra toda la familia de Elvia, obligó a 6 de los 9 hermanos de la familia a exiliarse en Miami.
¿Amenazada?
A inicios de este año la joven se habría retractado de la denuncia en un vídeo donde dijo “Jamás he sido víctima de abuso sexual de parte del presidente”, aseguró que el padre de sus hijas es Néstor Moncada Lau y dijo que las autoridades del Sistema Penitenciario se comprometieron a mejorar las condiciones de su hermano, a quien nunca defendió de las acusaciones de violación que el Gobierno le imputó.
Esto no justificaría porqué se le aplicó restricción migratoria, porqué denunció la intervención de sus teléfonos y la vigilancia dirigida exclusivamente sobre ella. (Vídeo de La Jornada.Net)
https://www.youtube.com/watch?v=vjS4OjX9sd0
La familia de la joven dijo que ese vídeo fue grabado por Elvia bajo presión, con un discurso leído y que se debe a que ella teme por su vida, debido a la fuerte presión y custodia que le fue impuesta desde que se relacionó con el Presidente, acusado de violación también por su propia hijastra Zoilamérica Ortega Murillo.
También denunciaron que altos funcionarios del Gobierno saben de la situación de la menor y conocen la historia de abuso, entre ellos la magistrada Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el también magistrado judicial Rafael Solís y la Fiscal de la República Ana Julia Guido.
La Organización Mundial Contra la Tortura urgió al gobierno de Ortega una evaluación médica y psicológica independiente del reo, pero éste hizo caso omiso. Santos Sebastián sigue en prisión hasta el día de hoy y ningún organismo de derechos humanos ni abogado defensor ha podido verle. Su caso se maneja directamente desde El Carmen.
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