Nación

Amnistía Internacional llama a Ortega a detener la represión en Nicaragua

Amnistía Internacional exige al gobierno de Daniel Ortega que cese la represión en Nicaragua, tras la inminente aprobación de dos leyes que regulan la actividad periodística, el activismo y producción de contenidos en redes sociales.

MIAMI, FLORIDA – Poco después de que el gobierno de Daniel Ortega presentara sendas leyes para regular el ejercicio de la libertad de expresión y la actividad de “agentes extranjeros” en el país, Amnistía Internacional (AI) hizo el miércoles un llamado para que el mandatario detenga «la represión».

“Llamamos al gobierno a detener la represión. No nos detendremos en nuestra labor de denuncia”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En poco menos de un mes el gobierno de Ortega ha propuesto ante la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) la Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.

Guevara Rosas dijo que ambos proyectos “intentan silenciar a quienes critican las políticas del gobierno, informan a la población y defienden los derechos humanos”, en lo que consideró “una nueva fase de la represión” por parte de Ortega.

Además, sostuvo la representante de AI, “la comunidad internacional debe ser enérgica en condenar estos hechos y exigir al gobierno que, de una vez por todas, garantice los derechos humanos de la población”.

La Ley Especial de Ciberdelitos plantea -según el documento- investigar, perseguir y sancionar a quienes usen las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas. Esta medida podría, según los críticos, afectar gravemente a periodistas, activistas y sociedad civil en general.

En su artículo 30 el proyecto de ley amenaza con cárcel a quienes usen “las tecnologías de la información y comunicación” para publicar lo que el Estado considera “noticias falsas, tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población”.

Estados Unidos y países de la Unión Europea, así como organismos internacionales han denunciado la intención de tales propuestas legislativas y han pedido al gobierno de Ortega detener su implementación.

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