Con el acompañamiento de COSEP y AMCHAM, los dos representantes más prominentes del sector privado, los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora exigieron al Gobierno la inmediata devolución de sus bienes y propiedades.
Carlos Fernando Chamorro presentó un documento, en el que por primera vez hay una versión oficial de lo sucedido los días 13 y 14 de diciembre de 2018 cuando un contingente de oficiales se presentaron a las instalaciones donde operaba Confidencial y Esta Semana para asaltar y confiscar el lugar.
El documento responde a un informe policial presentado y firmado por el mismo jefe de esa institución Francisco Díaz, para responder a los requerimientos de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso. El informe está fechado el 19 de febrero de 2019.
En el documento Francisco Díaz asegura que el día 13 de diciembre de ese año, la Asamblea Nacional emitió el decreto 18-13 en el que retira la personería jurídica del Centro de Investigación de la Comunicación CINCO. Según Díaz, de inmediato el Departamento de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación les solicitó gestionar ante una autoridad judicial la clausura, registro, allanamiento de morada, secuestro, ocupación de bienes de las oficinas de CINCO.
Díaz aseguró en el documento que: «tomando en cuenta la urgencia de la solicitud, la policía procedió a allanar el local del Centro de Investigación de la Comunicación ocupando bienes y clausurando el local». Las acciones se ejecutaron sin una orden judicial, lo cual representa un delito grave.
Díaz asegura en el informe que «esta acción policial fue convalidad a posteriori por el Juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia Abelardo Alvir Ramos», quien es sobrino de la magistrada y Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos. Es decir, Francisco Díaz, Jefe de la Policía Nacional reconoce que allanaron y confiscaron bienes y propiedades sin una orden judicial y que esa orden la consiguieron luego de haber perpetrado el delito, gracias a un juez que violó el procedimiento de ley.
Chamorro dijo que las acciones reconocidas por la Policía «representan una confiscación de facto que están prohibidas por la Constitución y por lo tanto deben ser suspendidas de inmediato».
Además exige reparación económica por lo acontecido. «Demandamos al Estado la devolución de todos los bienes robados y una reparación de los daños económicos y morales de los daños que ha causado», dijo enfáticamente Carlos Fernando Chamorro.
Carlos Fernando Chamorro vía Skype y Miguel Mora junto a AMCHAM y COSEP exigen devolución inmediata de sus bienes y propiedades confiscadas. Foto: Nicaragua Investiga.
Chamorro dejó claro que el inmueble confiscado no pertenece ni tiene vínculo alguno con CINCO, en su lugar ahí operaban las oficinas de las empresas de comunicación INVERMEDIA y PROMEDIA, en las cuales es accionista y la empresa CABAL propiedad de su esposa, dedicada a consultoría en asuntos ambientales. La Policía y el Ministerio de Gobernación estaban enterados de eso, pues tenía en sus registros el domicilio de CINCO ubicado en Plaza España.
Carlos Fernando Chamorro también dijo que el pasado 1 de abril, la Corte Suprema de Justicia consolidó en un solo caso los tres recursos de amparo interpuestos por las tres empresas que operaban en el edificio confiscado y que ya se cumplieron los 45 días que la Ley establece para fallar.
«El plazo se venció el 30 de julio recién pasado y al no haberse suspendido el acto, al no haberse fallado los recursos, ya se está incurriendo en un acto de violación a la ley y retardación de justicia», dijo el periodista.
El 17 de diciembre Chamorro interpuso un recurso de amparo ante la confiscación de los equipos e instalaciones de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, en las oficinas del Complejo Judicial de Managua.
100% Noticias sigue en limbo jurídico
En tanto Miguel Mora, propietario de 100% Noticias, recordó que la confiscación de estos medios no solo representa un atentado a la libertad de expresión, sino además a la libertad de empresa y de propiedad.
Denunció que su caso sigue abierto con el propósito de tener justificación para mantener confiscado su canal.
«El régimen continúa con la causa abierta, ya a casi 60 días de nuestra excarcelación, ni siquiera se dignaron a cumplir su propio mamotreto de ley que ellos denominaron Amnistía (…) la causa contra Lucía Pineda Ubau como jefa de prensa y periodista y de su servidor Miguel Mora, está viva, el juicio ni siquiera se ha archivado (…) según lo que establecería la norma jurídica en un país normal, esa causa ya debería estar sobreseída definitivamente», dijo Mora.
Mora también se refirió a la posibilidad de exigir al Estado una indemnización por los daños. «Nos reservamos el derecho de demandar no solo indemnización. La confiscación es prohibida constitucionalmente, y aquel funcionario, sea presidente o hasta el el último funcionario tendrá que pagar la comisión de esos actos ilegales con sus propios bienes», declaró el propietario de 100% Noticias.
Por su parte el Presidente de AMCHAM Mario Arana y miembro de la Alianza Cívica dijo que «estamos ante una triple agresión, contra la libertad de prensa, de empresa y derecho a la propiedad privada» y aseguró que están dando acompañamiento y seguimiento riguroso para lograr que el Gobierno cumpla con la devolución de los bienes confiscados.
José Adán Aguerri, Presidente del COSEP manifestó que además de los medios que fueron intervenidos por el estado, también están pidiendo el cese a la represión y la censura a todos los medios independientes.
Foto principal: Confidencial
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Orlando Bustillo Salazar
agosto 10, 2019 at 5:07 am
No uso tarjeta. Cómo puedo donar ?1