El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), presentó ante el Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (ONU), y a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, un informe sobre la “Situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos”.
En el documento que fue enviado este 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, expresan “mucha preocupación por las múltiples violaciones de derechos humanos” y solicitan a estos organismos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “inste al Estado a cumplir con sus obligaciones convencionales, constitucionales y legales en materia de derechos humanos”.
En el extenso y detallado informe también externaron su preocupación “ante la falta de información oficial disponible y los actos de censura a medios de comunicación”, en consecuencia se encontraron con serias dificultades en la “búsqueda adecuada y propicia de datos actualizados”.
https://twitter.com/calidh_calidh/status/1601592583930642433?s=12&t=stQNBu-hJICfRzuXDU2mLQ
No denuncian por temor a represalias
Ante la falta de datos oficiales y el miedo de los familiares de encarcelados a sufrir represalias si denuncian las detenciones, CALIDH advirtió que la “lista de personas privadas de su libertad presentada en este informe puede ser mayor” y que por ello, no se puede limitar a un número concreto.
En el documento, CALIDH también denuncia el “control absoluto de las instituciones del Estado nicaragüense por parte del poder ejecutivo, el debilitamiento del Estado de Derecho y la perpetración de una agenda gubernamental centrada en la represión civil”.
Por estas y otras razones el Centro de Asistencia Legal solicita al “Comité, el Grupo de Trabajo y honorable Relatoría dicten recomendaciones pertinentes al Estado de Nicaragua encaminadas a proteger los derechos humanos de estas personas bajo su custodia, y cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales derivadas de la UNCAT y CADH”.
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Presos políticos sometidos a “tortura blanca”
Refieren que “las personas privadas de la libertad por motivos políticos en Nicaragua están siendo objeto de tratos indiscriminados, inhumanos, crueles y degradantes” y que esto puede ser consecutivo de tortura por la gravedad de los daños físicos y psicológicos que ocasionan y la intencionalidad de humillarlos y redimirlos como forma de castigo político, “lo cual afecta su derecho a la integridad personal (art. 5 de la CADH) en conexión con otros derechos”.
Expresan su profunda preocupación por la “implementación de tortura blanca (que) consistente en la extrema privación sensorial y aislamiento” que están viviendo las personas presas políticas en los distintos sistemas penitenciarios de Nicaragua, así como en las celdas de Auxilio Judicial (El Chipote), por lo que solicita se inste al Estado de Nicaragua “de abstenerse de continuar privando de la libertad a personas por razones políticas”.
Arresto a miembros de comunidades indígenas y del caribe
En el documento de 43 páginas, también se encuentra información sobre la detención “violenta y arbitraria” de parte de la Policía, a unos 19 “miembros indígenas del partido político YATAMA en la Costa Caribe Norte”, que se efectuó en el marco de las elecciones municipales del pasado 6 de noviembre de este 2022, luego que estos protestaron por los resultados de los comicios “señalados de fraudulentos”.
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Además se menciona la detención de Rosa Samuel, Nidia Erants y Nely Juan, miembros de la comunidad indígena Mayagna de Musawas, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, quienes exigían “transparencia en el recuento de los votos” de las pasadas votaciones presidenciales de 2021.
Régimen culpables del “desplazamiento forzado”
Toda esta oleada represiva de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los ciudadanos, ha obligado el “desplazamiento forzado”, pues según CALIDH, los nicaragüenses huyen para “evitar ser privados de la libertad”.
“La persecución contra personas opositoras y disidentes del gobierno de Nicaragua es una de las causas de la migración masiva de nicaragüenses”, detalla el informe y denuncia que “el desplazamiento forzado es una forma de vulnerar múltiples derechos, entre ellos el derecho de circulación y de residencia”.
Ante lo antes expuesto, el CALIDH solicita a la ONU y la CIDH insten al Estado de Nicaragua a:
- Cumplir con sus obligaciones convencionales, constitucionales y legales en materia de derechos humanos.
- Detener inmediatamente la detención por motivaciones políticas de ciudadanas y ciudadanos.
- Liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas privadas de la libertad.
- Abstenerse de ejecutar detenciones y hostigamiento a comunidades indígenas, y que garantice sus derechos a la libertad de expresión, de reunión y políticos.
- Derogar las leyes que cristalizan el patrón de censura y castigo contra las voces disidentes.
- Abstenerse de sancionar más leyes penales que se alejen de iure y de facto de los estándares internacionales contemplados en la CADH, UNCAT y otros instrumentos internacionales.
- Cesar todo tipo de hostigamiento, vigilancia y persecución contra personas disidentes y opositoras, y garantizar las condiciones necesarias para que todas las personas que han huido de Nicaragua por motivos políticos puedan regresar al país y ejercer sus derechos.
Nicaragua Investiga
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