El Instituto Sobre Raza e Igualdad y Derechos Humanos, realizó este lunes en San José, Costa Rica, una presentación denominada “Nicaragua: 5 años de crímenes de lesa humanidad”, donde participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes visibilizaron los crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y demandaron justicia y reparación.
La actividad se llevó a cabo en marco al quinto aniversario de la rebelión de abril del 2018, la que inició el 18 de abril de ese año, donde estudiantes, campesinos, organizaciones de la sociedad civil y la iglesia católica se pronunciaron para denunciar la violencia ejercida por el gobierno sandinista, ante las protestas sociales y para pedir la renuncia de Ortega y Murillo.
Una de las asistentes al evento fue Azucena López, miembro de la Asociación Madres de Abril (AMA). López continúa exigiendo justicia por el crimen de su hijo Erick Antonio Jiménez, quien fue asesinado el 17 de julio del 2018, durante la “operación limpieza”.
Esta madre expresó que actualmente sigue «siendo maltratada”, pues no solo sigue exigiendo que se investigue el asesinato de su hijo desde un exilio forzado, sino que ahora está demandando la libertad de su hermana Nelly López y de su cuñado, quienes fueron encarcelados la noche del sábado 15 de abril de este 2023.
López recuerda que su hermana fue quien fue a recoger el cuerpo de Erick Antonio y que ha permanecido clamando para que haya justicia por el asesinato de su sobrino.
Campesinos: un sector perseguido
La líder campesina Francisca Ramírez también intervino en este evento y denunció que desde el año 2013, los campesinos son víctimas de la violencia estatal y lamentó que además de ser perseguidos “hoy somos un sector silenciado”.
Ramírez dijo que a los nicaragüenses “nunca se nos han reparado nuestros daños”, pero considera que es posible comenzar a “luchar para que haya reparación”.
Otra de las denuncias fue por los ataques a las comunidades indígenas del caribe de Nicaragua. Estas han sido víctimas de asesinatos, torturas, confiscaciones, desplazamiento forzado y violencia sexual a mujeres y niñas.
María Luisa Acosta, defensora de los derechos humanos, denunció el asesinato de 28 indígenas campesinos entre el año 2013 y 2023 en el Territorio Mayangna Sauni As, ubicado en el municipio de Bonanza y Regiones Autónomas Costa Caribe Norte de Nicaragua. La demanda es para que hayan procesos de investigación por parte del Estado.
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Deterioro ambiental en Nicaragua
Amaru Ruíz, de Fundación del Río, reveló que con el régimen de Daniel Ortega anualmente son deforestadas 146 mil hectáreas de bosque y áreas protegidas, principalmente de los territorios indígenas.
«El ejército de Nicaragua es responsable. Se ha olvidado de salvaguardar las áreas protegidas” que deben ser una prioridad en estos tiempos “de paz” que divulga la dictadura de Ortega, ante la aparente normalidad en el país, indicó.
El ambientalista lamenta que ni el ejército, ni la policía se pronuncian respecto a estas situaciones y tampoco sobre las violaciones a los derechos humanos en estas zonas, las cuales están militarizadas en su mayoría.
Indicaron que a cinco años de la lucha cívica en Nicaragua, el mayor deseo de estas personas exiliadas es poder regresar a su patria y que hayan procesos de reparación y justicia para las víctimas.
Nicaragua Investiga
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