El gobierno de Rodrigo Chaves en Costa Rica continuará con las deportaciones de nicaragüenses, así lo hizo saber el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de ese país, al Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh).

Después de que se conociera la deportación del nicaragüense Douglas Pérez Centeno, Calidh envió una carta al presidente Rodrigo Chaves, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y a la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, en la que expresaban que el procedimiento realizado violaba los tratados internacionales.

“En la carta nosotros expresamos que Costa Rica está violando los tratados internacionales, especialmente el estatuto para la protección de los refugiados, que establece la no devolución de quienes están tramitando, solicitan o tienen asilo. Le hicimos ver que el gobierno de Costa Rica tiene una empatía directa con el régimen de Managua como lo ha expresado el presidente, que incluso dice que a veces lo llama y lo consulta (a Daniel Ortega)”, explicó a Nicaragua Investiga el abogado Danny Ramírez-Ayerdiz, secretario ejecutivo de Calidh.

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Agrega que le hicieron saber a Chaves que “no es cierto que él no pueda hacer nada desde el Poder Ejecutivo para evitar las deportaciones”.

Chaves respondió a Calidh

En respuesta, y en nombre del presidente Chaves, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, expresó a Calidh lo mismo que ya había declarado el mandatario costarricense.

“Sobre el caso específico del ciudadano nicaragüense Douglas Pérez Centeno, la decisión emitida obedece a un proceso judicial y, exclusivamente, las autoridades del Poder Judicial de la República tienen la facultad de llevarlo a cabo, sin que el Poder Ejecutivo tenga injerencia alguna en este caso particular”, se lee en la carta enviada a Calidh.

Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica enviada a Calidh.

Subrayaron que “el Estado costarricense es respetuoso de la división de poderes”; no obstante, Calidh refuta estos argumentos e insiste en que el Poder Ejecutivo tiene la potestad para detener las deportaciones de nicaragüenses que se encuentran en condición de refugio.

“Directamente en la carta, el ministro de Relaciones Exteriores que nos responde en nombre del presidente de Costa Rica, nos vuelve a decir lo que ya el presidente había dicho cuando se deportó a Douglas Pérez, que esos procedimientos depende directamente del Poder Judicial; sin embargo, la policía que es la que ejecuta las deportaciones junto con la Interpol, el presidente tiene en su cargo el mando supremo de la Policía, y él puede evitar la deportación”, argumentó el abogado Danny Ramírez-Ayerdiz.

El secretario ejecutivo de Calidh refuta la postura del gobierno costarricense de “que cumple con el estado de derecho y los derechos humanos”, y señala que “de perenne ha despreciado a los nicaragüenses que realizan todo el trabajo irregular que hay en Costa Rica y ahora con el envío de nicaragüenses a un país donde hay una dictadura”.

Denunciarán ante instancias internacionales

Ante esta respuesta del gobierno costarricense, Calidh elevará la denuncia ante instancias internacionales.

“Nosotros como respuesta a esta carta vamos a elevarla, al ser una carta oficial del gobierno de Costa Rica, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos y al Comité para la Protección para todas las personas migrantes, y también vamos a pedir una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que proteja y ordene que no se deporten más a nicaragüenses de manera cautelar”, sostiene Danny Ramírez-Ayerdiz.