La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión (RELE) están instando a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que garanticen la vida de todos los prisioneros políticos en su poder y a que los liberen.
En un comunicado, emitido por la CIDH, ambos organismos expresan que están preocupados por la situación actual de los reos políticos nicaragüenses, que son 128, explica el mismo documento, aunque son 131, según el conteo del Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas en Nicaragua.
Según la comunicación, la CIDH ha recibido información sobre «las deplorables condiciones de detención en Nicaragua, incluyendo, la insalubridad en las celdas; la falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; la falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos».
Las denuncias también hablan de «tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes» contra las que son identificadas como «presas políticas».
Los actuales prisioneros políticos están sufriendo daños en la salud física y mental, especialmente las personas adultas mayores y quienes sufren enfermedades crónicas, lo que, según la nota, coloca “en grave riesgo su vida e integridad física”.
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Las mujeres bajo aislamiento
La situación es más grave en la cárcel de mujeres “La Esperanza”, donde las prisioneras políticas están padeciendo “aislamiento prolongado, intimidación, agresión, amenazas y constantes interrogatorios por parte de autoridades penitenciarias, así como la falta de acceso a insumos de salud, higiene y aseo diferenciadas”.
Uno de las casos que ejemplifica los malos tratos es el de Fátima Mejía Ruiz, quien no recibió atención en salud post natal, tras haber dado a luz previamente a su detención.
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Sin visitas y sin paquetería
La CIDH y RELE también han conocido que en Nicaragua persiste “un patrón de restricciones arbitrarias para la autorización de visitas y la entrega de paquetería, alimentación y agua potable que mantiene en zozobra e incertidumbre a sus familias”.
Algunos de los prisioneros que más sufren la situación son Jaime Navarrete Blandón, detenido en 2019, y los miembros de la iglesia evangélica «Puerta de la Montaña», detenidas en diciembre de 2023, de quienes se desconoce su condición de salud.
Desapariciones forzadas
A los dos organismos también les preocupa que no se conoce información sobre los reos políticos Freddy Quezada, Carlos Bojorge y Brooklyn Rivera, desde sus detenciones, lo que podría “constituir desapariciones forzadas a la luz del derecho internacional”.
“La CIDH y la RELE urgen al Estado (dictadura Ortega Murillo) a brindar información sobre su situación y a garantizar el derecho a la vida en cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la CIDH y la Corte IDH”, reza el comunicado.
Redacción Central
