La dictadura de Daniel Ortega reformó, a través de la Asamblea Nacional, la ley que regula la administración de los bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado para que el dinero decomisado ya no sea depositado en cualquier banco sino únicamente a una cuenta que la Tesorería General de la República tendrá en el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Ese dinero, que estará bajo el control de Ortega, servirá para cubrir los gastos administrativos de la Unidad Administradora de bienes Incautados, Decomisados o Abandonados”, así como de las instituciones relacionados con la lucha contra el crimen organizado, aunque, especialmente “para cubrir necesidades presupuestarias”, dijo el operador de la dictadura, Gustavo Porras.
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En la exposición de motivos para la reforma, Ortega indicó que la misma se realiza para «mejorar» la administración de los bienes incautados.
La ley reformada es la número 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados», y los artículos afectados son 48, 56 y 58.
De ahora en adelante, a la cuenta de la Tesorería en el BCN será depositado todo el dinero que se le decomise al crimen organizado y al narcotráfico, ya sea que se les decomise en efectivo, incluyendo el que los narcos dejan abandonado, o que sea resultado de la subasta de bienes muebles ocupados al crimen organizado y el narcotráfico.
Problemas presupuestarios
La medida refleja que la dictadura está sufriendo carencias en el presupuesto de la República, indica la excarcelada política Dora María Téllez.
En el mismo sentido opina un especialista en temas de seguridad, que pide anonimato. “Necesitan más fondos. Debe estar obedeciendo a un requerimiento macro técnico financiero por el énfasis de cambiar un artículo”, manifestó el experto.
Una acción contra la Policía y los bancos
Tanto Téllez como el especialista afirman que Ortega y su esposa Rosario Murillo también quieren controlar ese dinero para restarle capacidad económica a algunas instituciones, como la Policía y la Unidad Administradora de Bienes Incautados, y manipularlos a su antojo.
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«Lo que está claro es que le quieren quitar, a la policía y a esa unidad, dinero que tenían a mano como libre disponibilidad. Así, si quieren dinero dependerá de la familia en el poder», dijo Téllez.
Por su parte, el especialista señaló que se trata de una clara maniobra de «centralizar» y fue más allá, al decir que los dictadores también quieren cerrar «espacio al sector bancario», porque dejan por fuera a los bancos privados, los que hasta ahora venían recepcionando ese dinero.
Manejo discrecional de los fondos
Sobre el hecho de que los bienes incautados tienen años de estar siendo manejados de manera discrecional por la dictadura, el experto en temas de seguridad indicó que no hay mucho que analizar porque la dictadura actúa así en muchas cosas.
«(El régimen) políticamente se ha caracterizado como un gobierno donde no hay transparencia, ni rendición de cuentas. No se debe esperar nada (bueno de ellos)», indicó.
Camisa de fuerza
El especialista en administración de justicia, Yader Morazán, explicó que la dictadura, con la reforma a ley de bienes incautados, se está quitando una especie de “camisa de fuerza” que le impedía disponer con facilidad del dinero ocupado al narcotráfico.
La ley, a como estaba, establecía claramente cómo se iban a repartir esos bienes, de tal forma que a la dictadura se le hacía difícil disponer de los mismos con libertad.
“Se quieren evitar el tedio (de vencer los obstáculos que les imponía la ley) y disponer de los bienes de forma expedita y sin un proceso válido”, expuso el abogado.
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Otros bienes
Si el dinero irá a la cuenta de la Tesorería en el BCN, otros bienes serán destinados a otras instituciones.
Por ejemplo, los aviones y embarcaciones, así como medios de comunicación militar y armas de uso restringido, se entregarán al ejército.
Las armas de uso civil y medios de comunicación también civiles, pasarán a manos de la Policía.
Los vehículos terrestres serán para instituciones estatales, previa autorización de Ortega.
Otros vehículos, los más pesados, serán subastados y el dinero será para la Tesorería.
Algunos de estos bienes serán repartidos entre las instituciones estatales aunque sus dueños sean declarados no culpables o sean sobreseídos.
Redacción Central
