El régimen sandinista inició una barrida en todas las instituciones públicas. Se conocieron despidos, destituciones y supuestas “renuncias”. No explicaron los “motivos”, sino que hasta el pasado 2 de agosto anunciaron una reestructuración en instituciones públicas y medidas de ahorro, lo que es interpretada por economistas nicaragüenses como una “purga” para desechar a los funcionarios acusados de corrupción y a los que no son fieles los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Al menos 43 funcionarios han sido destituidos en tiempo récord, según un recuento que realizó Nicaragua Investiga para esta nota periodística. Pero la lista puede ser más larga. Es difícil saber qué hay detrás de las destituciones por el secretismo del régimen, pero es posible que quieran limpiar la “corrupción no autorizada” por ellos, según ha explicado el sociólogo y municipalista Silvio Prado a medios de comunicación.
“No existe una verdadera política anticorrupción sino que estas destituciones se utilizan como un arma represiva de quienes han abusado del permiso que ha dado la dictadura”, dijo Olga Valle, directora del Observatorio Urnas Abiertas, quien explicó que en 20 meses han sido destituidos al menos 15 alcaldes y vicealcaldes. “Sin embargo no existe ninguna investigación ni un proceso de sanción abierta”, añadió.
La purga de «los intocables», el desmantelamiento de la élite sandinista
Los alcaldes y funcionarios municipales purgados
Los alcaldes destituidos son: Vilma Alicia Casanova Fuertes, del municipio de Rivas; Erwin de Castilla Urbina, de Juigalpa; Reynaldo Raymundo Flores Genet, de Ciudad Sandino; José Ángel Morales, de Tola; Abiud Saballos Arcia, de Moyogalpa; María Lesbia Treminio Chavarría, de Ciudad Darío; Pedro Vargas Mena, de Granada; y Jaime Aráuz Centeno, de El Tuma-La Dalia.
Además de Eddy Enrique Gutiérrez Zavala, del municipio de Jalapa, Nueva Segovia; Otilio Duarte Herrera, del municipio de Siuna; Victoria García Boudier, de Rosita.
Entre los “purgados” también están los vicealcaldes Rosalpina Pineda, del municipio de Jinotega, y José Raymundo Membreño, de Rivas. Este último fue destituido casi al mismo tiempo que la alcaldesa.
Además de la destitución del Alcalde de las Minas, la barrida tocó a Luis Solórzano, secretario departamental; Néstor Méndez, administrador municipal; Meeyeng Siu Chow, funcionario municipal; Késther Báez Quino.
A parte de la destitución del Alcalde de Moyogalpa, fueron despedidos la responsable de Adquisiciones, Carmen Adilia Guillén; el responsable de Proyectos, Dany Ruiz; el administrador Jonathan Pineda y la responsable de Recursos Humanos, Rosmery Barahona Vargas.
Según las fuentes que revelan estas destituciones, sostienen que la mayoría de estos fueron purgados por falta de pruebas de lealtad del Frente Sandinista y por estar vinculados a casos de corrupción. Algunos casos supuestamente fueron “renuncias”.
Los despidos en cargos económicos
Se han conocido otras destituciones de funcionarios con alto rango que dirigían instituciones económicas. Iván Acosta Moltalvan, quien era titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue destituido a pesar de mostrarse fiel a la dictadura y viajar con Laureano Ortega Murillo, hijo tenor de los dictadores, a países como Rusia, China y Emiratos Árabes.
Días después de su destitución, filtrada primeramente a los medios de comunicación por estar ligada a supuestos actos de corrupción, la dictadura le inventó un cargo: asesor presidencial ante organismos internacionales. Acosta ya no se le ve en los medios oficialistas como antes. El nuevo ministro de Hacienda es Bruno Gallardo Palavicini.
Meyling Inés Dolmuz Paiz, funcionaria del Ministerio de Hacienda, con rango de viceministra, también fue destituida de ese cargo. Dentro de ese círculo económico de los purgados por el régimen, entró Juan José Montoya Pérez, quien ocupaba el cargo como Tesorero General de la República de Nicaragua.
Se conoció que Montoya está siendo investigado por cometer supuestos actos de corrupción. Su caso está relacionado con José Benito Aragón Juárez, viceministro del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Asociativa (Mefcca), destituido de ese cargo y supuestamente detenido con su esposa, que laboraba en el Ministerio de Hacienda.
En tanto, Justa Pérez Acuña, otrora ministra del Mefcca, habría sido destituida de su cargo en los primeros días de agosto y estaba siendo investigada por la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía. Sorpresivamente fue nombrada el 9 de agosto como asesora presidencial para la promoción y el desarrollo del turismo y los emprendimientos turísticos.
El economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro explicó que el “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños es para promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública” del régimen y se debe a que “quieren tener más control de la chequera”.
Los otros despidos y caídos en desgracia
Martha Ruiz Sevilla fue destituida como asesora del dictador para política y asuntos internacionales. Ella fue ministra de Defensa y está casada con el mayor general Bayardo Rodríguez, quien se convirtió en el segundo al mando del Ejército en 2017.
Otro leal al régimen que fue destituido como codirector de la Cinemateca Nacional es Aarón Peralta Obregón, quien aún es director del estatal Canal 6. Su cargo ahora lo ocupa el mexicano Adrián Emilio Carrasco Zanini Molina, periodista conocido en Nicaragua por documentar la insurrección de los sandinistas cuando luchaban contra Somoza.
En mayo de este año se filtró a los medios de comunicación que Virgilio Silva, presidente de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), habría sido destituido de su cargo junto Henry Talavera, gerente de informática; Ronald Hernández, encargado de redes de informática; Wilfredo Mendoza, encargado de soporte técnico. La medida se le aplicó por supuestos casos de corrupción.
Arlette Cristiana Marenco Meza fue destituida como vicecanciller. Su esposo, Reynaldo Martínez Vidaurre, tuvo varios cargos: fue secretario nacional de la Juventud Sandinista, director de relaciones internacionales de la Cancillería, y actualmente trabajaba en la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), está siendo investigado por la Policía.
A Carlos Alberto Cerda Gaitán le quitaron el cargo como viceministro para asuntos internacionales. En cuanto a Tamara Vanessa Martínez Sarantes, cantante sandinista, ocupó poco tiempo el cargo de ministra de la Mujer: renunció dos meses después de ser nombrada. A Eduardo José Flores Coca le quitaron como viceministro del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) y como secretario de Cambio Climático de la Presidencia de la República.
Los cuadros del régimen caídos en desgracia
Pero también hay cuadros importantes del régimen que han caído en desgracia. El General de Brigada retirado del Ejército de Nicaragua, Francisco Orlando Talavera Siles, habría sido arrestado por la policía a servicio del régimen, y al parecer lo están relacionando al caso de Juan José Montoya. Talavera Siles es hermano de Telémaco Talavera, ex presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y quien desapareció de la arena pública en 2019.
Adolfo Joel Marenco Corea, quien fue comisionado general y subdirector de la Policía Nacional, quien supuestamente se encontraba casa por cárcel, tras caer en desgracia por denuncias de corrupción, manejo de negocios privados de una facción de la cúpula del régimen. Esto sucedió en enero de 2023. No se sabe nada de él. Marenco Corea fue director de investigación e inteligencia de la Policía Nacional y fue miembro del círculo íntimo de Rosario Murillo y del asesor de seguridad Néstor Moncada Lau.
El Comisionado General y jefe de escolta de Daniel Ortega, Marcos Alberto Acuña Avilés, fue destituido en silencio por órdenes de Rosario Murillo luego de sostener una discusión, según se filtró a los medios de comunicación.
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Horas después, la Policía Nacional publicó un comunicado en el omitía este hecho acalorado y señalaron que el policía “desobedeció flagrantemente órdenes superiores, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana”, por lo que se le impuso “baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación”.
La familia de Carlos Fonseca Terán está siendo destruida por el régimen de Nicaragua con arrestos domiciliarios y despidos en cargos públicos. Tanto él como su esposa, la exmagistrada del Tribunal Laboral, Arlen Cuadra Núñez (sobrina del magistrado Armengol Cuadra), se encuentran en su casa de habitación en Lomas del Valle, Managua, incomunicados después que la Policía del régimen les decomisara sus teléfonos celulares y computadoras.
Carlos Manuel Fonseca López, hijo de Fonseca Terán, recibió la carta de despido en el puesto que desempeñaba en la agencia de promoción de inversiones PRONicaragua. Pedro Munguía Fonseca, hijo del doctor Pedro Munguía y Haydeé Fonseca Terán, hermana de Carlos Fonseca Terán, fue despedido del cargo que ocupaba en el Poder Judicial.
“En una dictadura nadie está a salvo y la guillotina del poder puede caer sobre cualquiera”, dijo Arturo McFields, embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2021 y 2022.