La situación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua será tema de debate en la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) que se celebrará en Ginebra del 2 al 13 de junio de 2025. 

Organizaciones internacionales han hecho un llamado urgente para que se priorice el caso de Nicaragua y su incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, un tratado clave para la protección de los derechos de estos grupos indígenas.

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Durante la conferencia, la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la CIT examinará el cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo por parte de los Estados miembros. 

«Es fundamental que la comunidad internacional conozca en profundidad las diversas dimensiones de las violaciones a los derechos laborales que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua», señala el llamado a la acción. 

Nicaragua en la mira

Nicaragua está en la mira debido a las serias preocupaciones expresadas en el informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), que evalúa el cumplimiento del Convenio 169 por parte del país centroamericano. El documento expone inquietudes sobre la participación, la seguridad y los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Nicaragua. 

Ante esta situación, se ha hecho un llamamiento a los representantes de trabajadores, empleadores y Estados con voz y voto en la conferencia para que incluyan el caso de Nicaragua entre los 24 casos prioritarios que serán discutidos en detalle.

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La solicitud busca que la CAN adopte conclusiones y formule recomendaciones específicas para que el régimen Ortega-Murillo tome medidas concretas para abordar los problemas identificados y garantizar el cumplimiento de las normas de la OIT. Pero siempre los ignora.

La situación en Nicaragua se presenta en un contexto de denuncias de violaciones a los derechos humanos, en la que se han documentado repetidamente abusos contra comunidades indígenas y afrodescendientes, incluyendo despojo de tierras, asesinatos, desplazamiento forzado, falta de consulta previa y represión de sus líderes.

La decisión de la CAN sobre si priorizar o no el caso de Nicaragua será crucial para visibilizar la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el país y para presionar a la dictadura a tomar medidas efectivas para proteger sus derechos.