El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aunque ha liberado a presos políticos, por presiones de Estados Unidos desde inicios de este año y tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses a principios de enero, continúa su arremetida contra la población nicaragüense.
Pese a los llamados de la Casa Blanca, la dictadura solo ha excarcelado a 24 personas presas políticas el 10 de enero, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en el país, que constató que de ese número, 18 de ellas estaban en la lista oficial que manejan, mientras las seis restantes eran exfuncionarios del régimen caídos en desgracia.
El mismo 3 de enero cuando naves de combate estadounidenses entraron a la capital venezolana, bombardearon Caracas y ciudades aledañas para capturar al exdictador venezolano y su esposa, Cilia Flores, Rosario Murillo ordenó una reunión de emergencia para declarar una especie de “estado de alerta” que consistió en extremar la vigilancia contra la oposición, ordenar seguimiento a las personas previamente excarceladas por razones políticas y detener a quienes celebraron la captura del exlíder chavista. Días después se conoció una lista, por parte del Monitoreo Azul y Blanco, de más de 60 personas detenidas por esto.
Primeras excarcelaciones de 2026 tras captura de Maduro
Pero el viernes 9 de enero, la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU condenó la permanencia de presos políticos en cárceles nicaragüenses por lo que exigió su liberación. La respuesta del régimen fue la de darle libertad con restricciones a más de una veintena de ellos, entre quienes estuvo el pastor cristiano Rudy Palacios Vargas, su hermana Jessica Palacios y miembros de su congregación religiosa.
Esto último a pesar de que en diciembre cuando la misma Oficina exigió su liberación, los codictadores salieron al paso con un comunicado de la Procuraduría General de Justicia en la que confirmó las detenciones y señaló al líder religioso de ser un “criminal” que buscaba “desestabilizar” la paz del país.
Mostraron en ese momento los dientes ante un exhorto estadounidense. «Entre estos criminales están Rudy Antonio Palacios Vargas, Mauricio Francisco Alonso Estrada, Pedro José López Calero, Armando José Bermúdez Mojica, Jessica María Palacios Vargas y Olga María Lara Rojas, culpables de violentar la Constitución, agredir la paz y destruir vidas y valores de los nicaragüenses», dijo la dictadura en un comunicado que los medios de la propaganda sandinista titularon “No son pastores, son malhechores”.
Pero la vuelta de tuerca vino pocas semanas después cuando Estados Unidos capturó a Maduro y puso en jaque a la dupla Ortega-Murillo. Aunque intentaron cerrar filas con su aliado ideológico, el otrora banco personal de la familia con los petrodólares, debieron ceder con un gesto de excarcelaciones.
Nicaragua excarcela a 38 personas que celebraron captura de Maduro, según ONG
Los presos de Maduro
Y como ha hecho el chavismo en Venezuela, no son medidas plenas porque las personas siguen bajo procesos judiciales con delitos fabricados por disentir del sandinismo.
Un nuevo llamado de atención estadounidense los llevó a dejar en libertad a la mayoría de los aprehendidos por celebrar la caída de Maduro.
Detener a nicaragüenses por darle “me gusta” a publicaciones en redes sociales, demuestra lo paranoico que está el régimen ilegítimo de Murillo y Ortega. Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos, sin excepciones, sin casa por cárcel, sin nuevas… https://t.co/uQ8vMbD7gs
— USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) January 17, 2026
La ONG Monitoreo Azul y Blanco, que recopila denuncias de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, registró al menos 71 detenidos entre el 3 y 8 de enero por celebrar o manifestar estar a favor de la captura durante una operación militar estadounidense de Maduro, aliado de Ortega y Murillo.
No obstante, a 38 de ellos -según la misma organización no gubernamental- los liberaron, según una de las voceras de la institución en el exilio.
Pero más allá de eso, los atropellos de la dictadura se mantienen. El encargado de negocios de EEUU en Managua, Elias Baumann, denunció el jueves pasado la falta de libertad empresarial en la nación centroamericana. Esto después de reunirse con representantes del sector.
Estados Unidos denuncia falta de libertad empresarial en Nicaragua
Ataques a empresarios
El diplomático dijo que tras conocer los pormenores sobre estas violaciones, los empresarios del país enfrentan retos para poder mantenerse a flote. «Muchas de estas mismas preocupaciones fueron destacadas en el informe de la investigación del gobierno de los Estados Unidos sobre los actos y políticas comerciales de Nicaragua», escribió Baumann en su cuenta de la red social X.
Posteriormente las organizaciones de derechos humanos denunciaron que Ortega y Murillo mantienen “secuestrado” al abogado José Manuel Urbina Lara, quien cumplió una condena de cinco años y debe recobrar su libertad.
Su hija, Katy Urbina, recordó en una carta que el artículo 14 de la Ley de Ejecución, Beneficio y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal establece que ningún ciudadano puede permanecer detenido una vez cumplida la sentencia, además del artículo 33 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que prohíbe a las autoridades realizar detenciones arbitrarias y la privación de libertad cuando se cumple la condena.
Dictadura prohíbe a la Iglesia predicar la palabra de casa a casa en León y Chinandega
Más agresiones contra la Iglesia
Pero no ha sido todo. En la última semana se conocieron nuevos atropellos contra la libertad religiosa. La abogada e investigadora nicaragüense en el exilio, Martha Patricia Molina, denunció la decisión de la Policía Nacional de Nicaragua de impedir las misiones pastorales casa a casa de la Iglesia católica en las diócesis de León y Chinandega, previstas para el fin de semana del 24 y 25 de enero.
Autora de la investigación “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?», ella ha documentado más de 19 mil agresiones de la dictadura contra la iglesia desde las protestas del año 2018.
Y nuevamente el fin de semana se informó la decisión de la congregación religiosa Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia de abandonar el país por las presiones de la dictadura, una de las últimas en ser prácticamente expulsadas por el régimen, pese al servicio a las comunidades indígenas que llevaban en Totogalpa.
Pese a esta versión, las hermanas emitieron un comunicado en el que desmintieron su salida del país, que aclararon fue por haber cumplido su objetivo pastoral.
Algo muy similar a lo ocurrido con el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, quien a principios de mes dijo que no recibió la invitación del Vaticano para el consistorio convocado por el papa León XIV, algo que la misma Santa Sede negó poco después a través de su vocería oficial de prensa.
Periodista Nicaragua Investiga
