A un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 7 de noviembre en Nicaragua, varias organizaciones opositoras en el exilio dieron a conocer una fuerte declaración rechazando los comicios por considerarlos «ilegítimos».
«Nuestro unánime repudio y desconocimiento de la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre de 2021, proceso evidentemente ilegítimo y nulo que no reconocemos, en el que se le impide al pueblo
nicaragüense elegir democráticamente a sus próximas autoridades», dice el documento.
CxL y AC ausentes
En la declaración no se unió toda la oposición y entre los firmantes están la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), SOS Nicaragua, Nicaragua Freedom Coalition, Iniciativa por el Cambio, Articulación de Movimientos Sociales, FDN, Funadec, Asamblea Nicaragua por la Democracia (AND), entre otras. Destaca la ausencia del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y de la Alianza Cívica (AC).
Emplazan al SICA
Los firmantes piden a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), emplazar al gobierno Ortega Murillo, al que califican como «dictadura», a cumplir con sus compromisos como estado miembro del SICA». «De igual manera, les solicitamos retomar los Acuerdos de Esquipulas en cuanto a elecciones libres, que el mismo Daniel Ortega suscribió», indican.
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Piden suspender a Nicaragua de la OEA y presiones diplomáticas y económicas
También llaman a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) «a realizar las presiones diplomáticas y económicas necesarias, y suspender a la dictadura Ortega-Murillo de la organización hasta que se lleven a cabo verdaderas elecciones que cumplan con todos los estándares y requerimientos establecidos en las
resoluciones de la Asamblea General y Consejo Permanente».
«Les solicitamos que, en el marco de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de noviembre de 2021 en
Guatemala, se convoque a los Cancilleres a realizar una Asamblea General Extraordinaria para aprobar una resolución sobre la ilegitimidad y no reconocimiento de los resultados de la farsa electoral del 7 de noviembre de 2021 y la aplicación del Artículo 21 de la Carta Democrática», refieren.
Piden a UE y países democráticos sancionar al gobierno
De la misma forma llaman «a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a todos los países democráticos del mundo, a sumarse a una condena colectiva por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses» y a declarar la ilegitimidad del proceso electoral y desconocer los resultados de la farsa electoral montada por la dictadura Ortega Murillo, e incrementar las sanciones a losresponsables de estas violaciones»,
Al respecto, exhortan a la comunidad internacional a ejercer presiones efectivas condicionando la aprobación y desembolso de recursos financieros, a la liberación de presos políticos, la anulación de los juicios ilegales, el restablecimiento de las libertades constitucionales y la realización de una verdadera reforma electoral y elecciones legítimas bajo los parámetros y garantías de la OEA, y el retorno seguro de los exiliados.
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Ortega acabó con la competencia electoral
En la declaratoria denuncia que el gobierno Ortega Murillo «a partir de mayo de 2021, ha actuado con el único propósito de terminar con cualquier vestigio de verdadera competencia electoral, llevando a la cárcel a siete precandidatos presidenciales» y «forzando al exilio a otros dos y cancelando la personería jurídica de los tres últimos partidos políticos de la oposición».
Refieren además que Ortega «utiliza su cargo como jefe supremo de la policía y del ejército para eliminar con el uso de la fuerza a cualquier competidor político en su intento de consolidar una dictadura
dinástica».
También denuncian que el presidente Ortega ha desatado una brutal represión «llevando a la cárcel o al exilio a miembros de la sociedad civil y de la oposición, incluyendo líderes políticos, estudiantiles, feministas,
campesinos y de la empresa privada, así como a comunicadores».
Señalan que actualmente existen en Nicaragua 156 presos políticos «sometidos a tortura, tratos crueles y degradantes» y que hay más de 140,000 nicaragüenses desplazándose hacia el exilio.
«La dictadura Ortega Murillo ha eliminado de forma total las libertades públicas, asfixiando la libre movilidad, coartando la libertad de asociación y organización, llegando al extremo de cerrar y cancelar la
personería jurídica de más de 55 organizaciones de la sociedad civil incluyendo asociaciones médicas, criminalizando por medio de la Ley de Ciberdelitos y suprimiendo la libertad de expresión, allanando y
cerrando el único diario impreso independiente, La Prensa, así como otros medios de comunicación», indican.
Destacan que la administración Ortega ha incumplido la resolución de la Asamblea General de la OEA del 22 de octubre del 2020, la cual demandó reformas electorales coherentes con estándares internacionales, y que al contrario «impuso una contrarreforma electoral contraria a cualquier apertura del proceso democrático, resultando en mayores restricciones y opacidad del ya viciado sistema electoral».
Igualmente denuncian que se han «ignorado las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de miembros de la oposición y de prisioneros políticos que se encuentran en grave riesgo, en contravención de los lineamientos internacionales en cuanto a detención.
Nicaragua Investiga
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