La Ley RENACER, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, está a la espera de la firma del presidente Joe Biden, a escasos días de las votaciones generales del 7 de noviembre, cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional y en las que Daniel Ortega aspira a un cuarto mandato sucesivo.
El Congreso estableció que bajo el gobierno de Ortega se perciben violaciones contra «las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos del pueblo de Nicaragua».
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El Congreso condena asimismo la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Auto-Determinación y la Ley de Protección al Consumidor por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua, calificándolas de «claros intentos del gobierno de Ortega de suprimir las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos del pueblo de Nicaragua».
Con esas consideraciones y dada la voluntad bipartidista de «alinearse en el uso de la acción diplomática y todas las demás herramientas de política exterior… en apoyo a los esfuerzos de los actores políticos democráticos y la sociedad civil de Nicaragua», la Ley RENACER supone una punta de lanza de los esfuerzos futuros del gobierno de Estados Unidos en contra de Ortega y el Frente Sandinista.
Revisión de la participación de Nicaragua en el CAFTA
El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, DR-CAFTA por sus siglas en inglés, fue redactado en agosto de 2004 y más tarde ratificado por los cinco países centroamericanos y República Dominicana. El tratado tenía como objetivo crear una zona de libre comercio entre todos los firmantes.
Nicaragua ratificó el tratado en octubre de 2005 ante férrea oposición del Frente Sandinista y desde entonces, Nicaragua se ha beneficiado materialmente del Tratado, bonanza que se ve amenazada.
La Ley RENACER estipula que, en consideración de las respuestas violentas en contra de manifestantes por parte del gobierno de Ortega a partir de abril de 2018, «…el presidente debería revisar la participación continuada de Nicaragua en el [DR-CAFTA] si el gobierno de Nicaragua continúa reforzando su mandato autoritario en un intento de subvertir las elecciones en noviembre de 2021, socavando así la democracia y los derechos humanos en Nicaragua».
Restricciones a instituciones financieras internacionales relacionadas a Nicaragua
De igual forma, RENACER impone restricciones a los proyectos de desarrollo que Estados Unidos apoya en Nicaragua en consonancia con sus objetivos de política exterior.
El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, son algunas de las instituciones financieras que acatarían los mandatos de esta ley, aumentando la fiscalización de todo proyecto de asistencia dirigido a Nicaragua.
RENACER indica a las instituciones financieras «incrementar el escrutinio de cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica proveída a un proyecto en Nicaragua, asegurando que el préstamo o la asistencia sea administrada por una entidad con total independencia técnica, administrativa y financiera del gobierno de Nicaragua».
También orienta que «..el Secretario del Tesoro deberá consultar con el Secretario de Estado y con el Administrador de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional para asegurarse de que todos los préstamos o asistencia técnica hacia Nicaragua sean consistentes con los objetivos de política exterior [de EE. UU.]…»
Sanciones específicas y coordinación diplomática
Las sanciones específicas son quizá el método más conocido de presión aplicado por Estados Unidos y otras naciones extranjeras hacia las élites de Nicaragua. RENACER establece una estrategia de sanciones específicas y un itinerario para la misma.
«No más de 90 días luego de la fecha de aprobación de esta Ley y cada 90 días desde entonces hasta el 31 de diciembre de 2022, el Secretario de Estado y el Secretario del Tesoro deberán informar al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y al Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes sobre los pasos a seguir por el Gobierno de Estados Unidos para desarrollar e implementar la estrategia» requerida por la ley.
RENACER establece que el presidente debe dar prioridad a las sanciones específicas contra miembros del gobierno de Nicaragua y señala que, luego de ser los casos individuales sometidos a examinación del presidente, los objetivos en particular de estas sanciones son:
- Oficiales en el gobierno de Daniel Ortega
- Familiares de Daniel Ortega
- Miembros de alto rango de la Policía Nacional de Nicaragua
- Miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas de Nicaragua
- Miembros del Consejo Supremo Electoral
- Miembros del partido y oficiales electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares
- Individuos o entidades afiliadas a negocios involucrados en transacciones financieras corruptas con oficiales del gobierno de Daniel Ortega, su partido o su familia
- Individuos identificados como implicados en actos de corrupción pública en Nicaragua
RENACER busca que el gobierno de Estados Unidos coordine este tipo de acciones con el gobierno de Canadá, con la Unión Europea y sus Estados miembro, y con los gobiernos individuales de Hispanoamérica y el Caribe.
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