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Régimen cancelará CPDH y otras 24 ONGs

La dictadura de Daniel Ortega cancelará la personería jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, junto a otras 24 oenegés más.

El régimen de Daniel Ortega cancelará la Personería Jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), la Fundación Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz y  el Desarrollo de la Sociedad Civil (FUNDEPAZ) y la Fundación Luisa Mercado (FUNLUM), entre otras.

A estos organismos no gubernamentales también se suman la Asociación Cultural Tininiska, el Centro de Capacitación de la Mujer Obrera y la Asociación Nicaragüense de Cinematografía.

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Estas 25 onegés se sumarán a los otros 114 organismos a los cuales la dictadura Ortega-Murillo se les ha cancelado la personería jurídica de manera ilegítima desde 2018, dando así un total alrededor de 139 organismos con personeria jurídica cancelada.

Durante 2021, Ortega canceló la personería jurídica de 60 ONG’s, donde se encuentraban tres partidos políticos, dos oenegés que se dedicaron en ls derechos de la mujer, 17 asociaciones médicas y 22 asociaciones que promovían el desarrollo de la economía nacional, la democracia y los derechos humanos.

La justificación de Ortega

La dictadura Ortega-Murillo asegura que estas organizaciones «han obstaculizado el control y la vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación», según indica una iniciativa de Decreto Legislativo emitida hacia el Presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

A su vez, el documento señala que estos organismos no presentan los datos de los beneficiarios, así como el detalle de los ingresos y egresos, y la comprobación de las donaciones.

También indican que no presentaron a la Junta Directiva de las mismas, lo que significa una violación a la Ley No 147 (Ley General de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro).

El Ministerio de Gobernación afirma que al no presentar estos documentos e informes financieros  según lo establece la Fiscalía, «no están promoviendo políticas de transparencia en la administración de fondos».

Autor
Nicaragua Investiga
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