La organización ambientalista Fundación del Río y otras 14 organizaciones nicaragüenses comparecieron este jueves ante la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés), para exponer la situación de los derechos humanos y laborales en Nicaragua.
El testimonio de Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, detalló una serie de violaciones de carácter civil y laboral cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como la vulnerabilidad que podrían enfrentar inversionistas estadounidenses en los sectores de minería de oro y de carne.
La comparecencia de Ruiz y representantes de otras organizaciones como Expediente Abierto, Concertación Democrática Nicaragüenses y el Diálogo Interamericano, forma parte de la investigación que inició la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) el pasado 10 de diciembre de 2024, en el marco de la Ley de Comercio de 1974 (Sección 301).
Este mecanismo se activa para indagar prácticas que vulneren los derechos laborales, humanos y el Estado de derecho, y que representen una carga para el comercio estadounidense.
Ruiz explicó que la comparecencia ante la USTR incluyó la presentación de dos denuncias principales. La primera abarca las violaciones contra su persona y su rol como presidente de la Fundación del Río, organización cancelada arbitrariamente por el régimen Ortega-Murillo.
Fundación del Río, fue cancelada por el régimen en 2018, como parte de una oleada de cierre de organizaciones sin fines de lucro, y ha denunciado la expropiación arbitraria de sus instalaciones y la retención de sus fondos.
Ruiz lamentó la falta de acceso a la justicia y describió cómo esta cancelación sirve de ejemplo de otras organizaciones”que sufrieron igual destino, quedando sin posibilidad de defensa.
Entre las denuncias que presentó Ruiz se destacan las acciones directas en su contra, incluyendo la cancelación de sus documentos, la persecución judicial y el exilio forzado.
“El régimen lo hace sabiendo que yo estoy exiliado (…) inmediatamente emprende acciones transfronterizas, es decir, una criminalización transnacional”, relató, enfatizando el clima de inseguridad jurídica que vive Nicaragua, que perjudica tanto a opositores políticos como a empresarios.
Violaciones en el sector minero y ganadero
La segunda denuncia expuesta por Fundación del Río, junto a Expediente Abierto y Campaña Patrullaje, se enfocó en las irregularidades de los sectores minero y cárnico, principales rubros de exportación de Nicaragua a Estados Unidos.
“En el sector aurífero, la falta de transparencia y el control sobre el oro ponen en riesgo a inversionistas estadounidenses, canadienses, del Reino Unido y colombianos que tienen concesiones dentro de Nicaragua”, denunció Ruiz.
Esta preocupación no solo se basa en riesgos medioambientales, sino también en el posible lavado de capitales.
Según el informe de estas tres organizaciones, las cifras de exportación de oro no coinciden con la capacidad de procesamiento oficial de las minas, lo que “permite indicios de corrupción y de blanqueo de capital”.
Sector minero: la gallina de los «huevos de oro» del régimen
En relación con el sector ganadero, las denuncias incluyen la responsabilidad de esta industria en la deforestación de áreas protegidas y la violación de derechos de comunidades indígenas que sufren invasiones a sus territorios.
Ruiz señaló el caso de José Luis Durán, un ganadero afectado por la falta de acceso a la justicia, como un ejemplo de la “impunidad con la que se manejan las instituciones bajo el régimen”.
Riesgos y posibles sanciones comerciales
La audiencia del 16 de enero ante la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. podría fortalecer la investigación de la USTR contra el régimen Ortega-Murillo.
En este proceso, que se desarrolla bajo el Artículo 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses podrían considerar la aplicación de medidas comerciales que excedan las actuales sanciones focalizadas, las cuales afectan solo a funcionarios, exfuncionarios y entidades vinculadas al régimen.
“El siguiente paso que tiene (la USTR) es hacer una evaluación de cuáles son las medidas que se pueden tomar (…). Pueden ser medidas de aumento arancelario para las exportaciones de algunos sectores, (…) la renegociación de aranceles o restricciones de entrada de ciertos productos”, explicó Ruiz.
El ambientalista subrayó que esta investigación no depende únicamente del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta), sino que está sustentada en la Ley de Comercio de 1974, y podría abrir nuevas posibilidades para tomar medidas que defiendan los intereses comerciales de Estados Unidos con Nicaragua.
La actual Representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, y la Comisión de Comercio Internacional (USITC) son los encargados de dar seguimiento a la investigación.
Esta se enmarca en la tensión diplomática que desde 2018 ha caracterizado las relaciones de Washington con Managua, con 127 funcionarios y exfuncionarios sancionados, 14 entidades públicas designadas, y 1,750 allegados del régimen sin visas estadounidenses.
Hasta ahora, las sanciones estadounidenses no habían tocado las relaciones comerciales de manera frontal, lo que hace que esta investigación sea “un precedente” en la política exterior de Estados Unidos contra el régimen de Ortega-Murillo, según enfatizó Ruiz.
¿Qué pasa si Nicaragua pierde a Estados Unidos como actual destino del 60% de sus exportaciones?
“Es la primera vez que Estados Unidos activa una investigación bajo la Sección 301 contra Nicaragua. Podrían tomarse medidas para proteger su comercio si se confirma la carga que representan estas violaciones de derechos humanos y laborales”, finalizó.
Próximos pasos
La USTR podría tardar varios meses en concluir el proceso de recolección de pruebas y testimonios, antes de presentar un informe final a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos.
En ese momento, la administración estadounidense definirá la aplicación de eventuales medidas arancelarias o restricciones de comercio, respondiendo a las violaciones documentadas en el informe.
Mientras tanto, Amaru Ruiz y las organizaciones denunciantes exhortaron a la comunidad internacional a mantener la presión y a documentar las múltiples violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, a fin de “lograr justicia y salvaguardar la seguridad jurídica” tanto de la ciudadanía nicaragüense como de los inversionistas extranjeros.
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