La ciega e inoperativa Contraloría General de la República de Nicaragua

La Contraloría General de la República es el órgano encargado de fiscalizar el uso que las instituciones gubernamentales le dan a los recursos públicos, pero además regula la efectividad de los funcionarios, Poderes del Estado, empresas públicas, entes descentralizados, municipalidades, entre otros, además de la fiscalización de los bienes y el manejo de los recursos públicos.

Según la Ley 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, esta debe regirse únicamente por la Constitución Política y la Leyes, y debe actuar con autonomía e independencia.

El ex Contralor General de la República, Agustín Jarquín Anaya, explica que la contraloría si bien no es un poder del Estado, «es un cuasi poder» porque tiene facultades importantes que garantizan la buena gobernanza del país, así como la calidad de los servicios como energía eléctrica, salud, educación, entre otros.

Agustín Jarquín Anaya. Excontralor de la República. Foto: NI

La CGR también ha guardado silencio sobre los señalamientos que ha hecho Estados Unidos a más de 20 funcionarios nicaragüenses, empresas estatales como o instituciones como la Policía Nacional, implicadas en actos de corrupción, lavado de dinero y violaciones de derechos humanos, los cuales por oficio está obligada a investigar y desmentir o ya sea respaldar.

El trabajo de la CGR le costó a los nicaragüenses en 2019 un total de 241,255,602.00 millones de córdobas según el PGR de ese año, y para este 2020 recibirá 234,802,743 millones.

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Informes sin información reveladora

Para expertos en temas de fiscalización como la investigadora Dayra Valle,»la contraloría tiene una tarea pendiente, tiene una nota roja la contraloría» debido a que no informa detalladamente sobre su gestión ni las auditorías que supuestamente realiza a las instituciones del Gobierno de Daniel Ortega.

La CGR emite un informe anual sobre su gestión a la Asamblea Nacional y el último que presentó sobre el año 2019 revela aspectos importantes sobre el trabajo deficiente de este órgano estatal. Para empezar, este informe solo presenta datos estadísticos pero no presenta información trascendental sobre el uso de los recursos estatales.

Según el informe, los contralores aprobaron 927 auditorias, recibieron 10,662 declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos y capacitaron a 6,971 servidores públicos, pero no detalla ningún tipo de hallazgo ni información sobre los resultados de las auditorias que practicó o las declaraciones patrimoniales que recibió.

«Lamentablemente el informe es muy escueto y es más cuantitativo que cualitativo y no nos permite saber realmente qué rol está desempeñando la Contraloría aunque algunas de las cosas que lanza el informe nos da una idea de que su gestión es poco eficiente», comenta Dayra Valle sobre el informe presentado por la CGR.

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De las 927 auditorías que la CGR alega que realizó, ninguna ha sido publicada. «Necesitamos saber el resultado de las auditorias. Esos informes de auditorías son muy ricos porque nos estarían diciendo cómo se están utilizando nuestros recursos y eso es lo que no nos logra decir», destaca Valle

Por otro lado, el informe señala que solo se pudo fiscalizar el 70% del Presupuesto General de la República del 2018, es decir 56,941 millones de córdobas de los 80,781 millones presupuestados para ese año.

La CGR emite un informe anual sobre su gestión a la Asamblea Nacional y el último que presentó sobre el año 2019 revela aspectos importantes sobre el trabajo deficiente de este órgano estatal.

 

Fondos perdidos

Asimismo, la CGR indica que hay un total de 9.6 millones de córdobas y 31 mil dólares «por determinación de responsabilidades administrativas, civiles y de presunción penal» que recaen sobre 107 servidores públicos, pero no se detalla cómo avanzan estos casos, quiénes son los funcionarios implicados, en qué instituciones se encuentran o si se trata de un enramado de corrupción que está enriqueciéndose de manera ilícita.

«Yo te aseguro que esa cantidad de dinero es muy poca a lo que realmente está pasando» indica la experta en temas de fiscalización, quien también critica el hecho de que solamente en 10 casos se determinó presunción penal y pasaron a la Fiscalía de la Procuraduría General de la República «pero no sabemos ¿qué pasó?, ¿cuál es el seguimiento que se le dio?».

«Te aseguro también que muchos de esos casos son funcionarios de nivel medio hacia abajo, no son funcionarios de alto nivel», agrega la investigadora Valle, pues no se dice nada sobre posibles redes de corrupción allegadas a la familia presidencial o altos mandos del partido FSLN.

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Lo mismo sucede con las 10,662 declaraciones patrimoniales que la CGR alega haber recibido en 2019. Según el informe, la CGR recibió 8,460 declaraciones para inicio de funciones, y otras 2,202 por cese de funciones.

Las declaraciones patrimoniales «son un mecanismo de probidad que se ha determinado mundialmente para determinar si la persona no ha tenido enriquecimiento ilícito durante su gestión» explica Valle, pero agrega que en Nicaragua «el sistema de verificación es muy pobre» y no se puede determinar a ciencia cierta si lo que declara el funcionario es real.

En 2019, la CGR supuestamente determinó 206 tipos de responsabilidades penales al Poder Judicial, recibió 26 recursos de amparo, emitió 43 pliegos de glosas, recibió 10,662 declaraciones patrimoniales, y contabilizó 3,206 contrataciones administrativas.

CGR actúa en contra de la ley

El Artículo 156 de la Constitución Política del país ordena que la Contraloría «deberá hacer públicos los resultados de sus investigaciones», mientras que El inciso C del Artículo 4 de la Ley 681, establece que los contralores están obligados «a rendir cuentas de su gestión, y hacer públicos los resultados de sus investigaciones, después de ser notificados los auditados».

De igual manera, el Numeral 34 del Artículo 9 de esta misma Ley dice que entre las funciones de la CGR está  supervisar que las instituciones públicas tengan una Oficina de Acceso a la Información Pública, que tengan en línea la información básica que debe ser difundida de oficio, que den respuestas a las solicitudes de información pública que se le solicite en un plazo no mayor de quince días hábiles, y promover modalidades de participación ciudadana en la fiscalización del patrimonio público a como lo establece la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública.

La Ley 621, en su Artículo 20 establece que «las entidades públicas obligadas al cumplimiento de esta Ley, además de divulgar la información que establecen las leyes y normas de su competencia, están obligadas a difundir de oficio, a través de la página WEB». El inciso F de ese mismo artículo señala que deben publicarse los resultados de las auditorías realizadas, mientras que el inciso K también demanda que los resultados de las supervisiones, evaluaciones, auditorías e investigaciones que realicen los contralores o entes reguladores deben ser publicados.

«Si uno va a los portales de las alcaldías, de los entes autónomos, etc, lamentablemente no se encuentra eso y la Contraloría debería velar por eso pero también la Asamblea Nacional» asegura el ex contralor Agustín Jarquín Anaya. Todos los preceptos legales antes mencionados son los que viola la CGR al no publicar las auditorias realizadas.

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Lo que sí se encuentra en el sitio web de la CGR son las resoluciones del Consejo Superior donde aprueban los informes de las auditoría, pero no brindan detalles de las mismos. Con esto, «el consejo lo que dice es que si está de acuerdo o no con el informe» explica Valle, pero no es la información vital del trabajo de esta institución.

Contralores se encuentran en el cargo bajo ilegalidad

El Artículo 154 de la Constitución Política de Nicaragua establece que debe haber cinco contralores propietarios y tres suplentes, todos gozan de inmunidad durante los cinco años que estarán en el cargo.

Actualmente solo hay cuatro contralores que fueron nombrados en abril del 2014 por la Asamblea Nacional, es decir hace seis años y tres meses, por lo que los actuales contralores además de estar incompletos, llevan un año y tres meses en el cargo de manera ilegal.

La Constitución manda que haya cinco contralores porque las resoluciones del Consejo Superior de la CGR se emiten por voto de mayoría. «El problema es que si no están los cinco, entonces ¿cómo están tomando decisiones? Salvo que las estén tomando por unanimidad» cuestiona Dayra Valle.

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Los actuales contralores fueron nombrados en sus cargos en abril del 2014 y desde entonces no se les renueva. En noviembre de ese mismo año falleció el ex presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, y Luis Ángel Montenegro lo relevó en el cargo. En 2019, tras la renuncia de Víctor Urcuyo a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, Montenegro fue nombrado nuevo presidente de la SIBOIF.

El cargo de presidente de la CGR lo asumió la Dra. María José Mejía quien ya era miembro del Consejo Superior de la CGR y desde entonces permanecen solo cuatro contralores, obviando lo que manda la Constitución.

Si los contralores actuaran bajo el principio de autonomía, independencia y profesionalismo, «probablemente chocarían en las votaciones pero lamentablemente como están bastante alineados, si no es que totalmente» siempre votarán por unanimidad, agrega la experta Dayra Valle.

Dayra Valle, investigadora en temas de corrupción y transparencia. Foto: END

Agustín Jarquín Anaya considera que «se debería de regresar a la figura original que es de un solo contralor», porque al haber cinco contralores se diluye la responsabilidad que delega la institución, afecta la gobernabilidad y se generan posibilidades para la corrupción y los abusos, además de hacer más caro el desempeño de la misma porque cada contralor necesita un equipo de asesores, oficina, equipos y demás. «Eso no le da mayor calidad ni efectividad a la auditoría que realiza» critica el ex contralor.

Currículo de los contralores

De acuerdo a la Ley Orgánica de la CGR, los contralores y servidores públicos que ejercen labores en esta institución «deben actuar libres de influencias políticas o de cualquier índole». El pasado 20 de julio, la Dra. María José Mejía García fue reelecta como Presidenta del Consejo Superior de la CGR y el Dr. Vicente Chávez también fue reelecto como Vicepresidente.

Merlyn Pineda Pérez, Christian Pichardo y Francisco Guerra son actualmente miembros suplentes de la CGR. Estos son los currículos de los cuatro contralores propietarios del Consejo Superior:

 

Dra. María José Mejía, Presidenta de la CGR

Dra. en educación, abogada y máster en derecho empresarial. Fue docente en la UNAN Managua en donde se desempeñó como Directora del Departamento de Derecho y Profesora Titular del Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias Jurídicas. Mejía fue directora del Sistema de Contrataciones del Sector Público de la Contraloría entre los años 2007 y 2013. Fue jefa del Departamento de Trámite Judicial de la CGR entre 2005 y 2007.

Según la propuesta que envió Daniel Ortega al parlamento para que se le nombrara como vicepresidenta de la CGR en 2014, Mejía fue asesora legal externa de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua entre 1989 y 1994, además de procuradora especial de Tribunales Populares Antisomocistas, en 1987.

Es Miembro Propietaria del Consejo Superior de la CGR desde noviembre 2014, desde esa fecha fungió como Vicepresidenta del Consejo propuesta por Daniel Ortega y desde mayo 2019 como Presidenta de este órgano.

Vicente Chávez Fajardo, vicepresidente de la CGR

Abogado, hizo Cursos de Dirección Científica en el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. Es miembro propietario de la CGR desde 2014, y miembro suplente desde 2001. Entre los años 1979 y 1990, durante el gobierno sandinista de la época, ejerció funciones en el Ministerio del Interior y en el Ejército de Nicaragua.

Marisol Bellido, miembro propietaria

Socióloga, graduada de la Georgetown University de Estados Unidos. Desde el 2000 al 2014 fue magistrada suplente en el Consejo Supremo Electora y sirvió como observadora electoral en Finlandia en el año 2003 y en Chile en el año 2005. Es Retirada del Ejército de Nicaragua con el Grado Militar de Teniente Coronel, mientras se desempeñaba como Jefe de la Dirección de Cuadros.  Es miembro propietaria de la CGR desde 2014

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María Dolores Alemán Cardenal, miembro propietario

Hija del caudillo liberal y ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. Máster en Relaciones Internacionales y licenciada en Ciencias Políticas en la Xavier University de Estados Unidos. En 1999, la Universidad Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (UCYT, Nicaragua) le otorgó Doctorado Honoris Causa. Fue diputada del partido de su padre desde el año 2000 hasta 2011. Fue propuesta por el PLC en la Asamblea Nacional para ocupar el cargo de contralora. La votación fue apoyada por el FSLN.

 

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