Estados Unidos mueve ficha para estrechar el cerco sobre Nicolás Maduro con un proyecto de ley que prohíbe firmar contratos con personas o empresas que realicen negocios con cualquier gobierno de ese país no reconocido por Washington.
Casi cuatro meses después de las elecciones venezolanas, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó el lunes el proyecto de ley bipartidista Bolívar, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
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El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con personas que realicen negocios «con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro» o con cualquier otro «no reconocido como legítimo por Estados Unidos».
Caracas reaccionó con un comunicado sulfuroso en el que lo califica de «ataque criminal».
«De manera desvergonzada, le han colocado el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo, anti valores contenidos en este nuevo ataque criminal», escribió el ministerio de Relaciones Exteriores.
Según el gobierno venezolano, este instrumento está destinado a impedir la cooperación económica entre ambos países y viola la Carta de la ONU «sumándose a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales» impuestas a Caracas.
– Impacto «limitado» –
«Es una ley de un impacto bastante limitado» porque ya hay otra «que prohíbe al sector de defensa, al Pentágono, suscribir cualquier contrato con una compañía que tenga cualquier relación comercial con el gobierno venezolano», explica a la AFP el analista Mariano De Alba, experto en geopolítica y derecho internacional.
Washington considera fraudulentas las dos últimas reelecciones de Maduro y apoya a Edmundo González Urrutia, el candidato electoral de la líder opositora María Corina Machado, que se vio obligado a exiliarse en España tras los comicios.
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En un país muy polarizado políticamente, plantar cara a Maduro es uno de los pocos asuntos en los que demócratas y republicanos están de acuerdo.
Uno de los impulsores del proyecto de ley es el republicano Mike Waltz, un halcón elegido por el presidente electo estadounidense, el republicano Donald Trump, como futuro asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y no se anda con rodeos.
«Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas», afirma en un comunicado.
– Cortar «red de apoyo» –
«Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores», añade el congresista republicano, partidario de ampliar las sanciones.
La otra promotora de la ley, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, coincide en la necesidad de apretar las clavijas.
«A menos que Estados Unidos se deshaga de los intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro, no podemos decir verdaderamente que estamos comprometidos con el pueblo venezolano», afirma.
Esta congresista ya impulsó con colegas republicanos otros dos proyectos de ley presentados en la cámara baja del Congreso.
Por un lado la ley Revocar, con el objetivo de rescindir licencias concedidas a varias petroleras para operar en Venezuela, y por otro la ley Valor que, entre otras cosas, reafirma las sanciones financieras al Banco Central de Venezuela, Petróleos de Venezuela, y a las criptomonedas venezolanas y bloquea la asistencia exterior a cualquier país que ayude a Maduro.
La industria petrolera de Venezuela se halla bajo sanciones desde 2019 pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.
La victoria electoral de Trump amaga con endurecer la posición de Washington.
Para De Alba el proyecto de ley «empieza a dar luces sobre cuál probablemente va a ser la política», que consistirá en «el mantenimiento de las sanciones existentes y expandir o reimponer sanciones».
La elección del senador Marco Rubio como futuro jefe de la diplomacia refuerza la hipótesis.
Rubio «traerá consigo un endurecimiento de la política hacia Venezuela y Cuba, sanciones más estrictas y, por desgracia, una retórica más dura y poco constructiva», declaró a la AFP Christopher Sabatini, investigador para América Latina del centro de análisis británico Chatham House, antes incluso de que Trump eligiese al senador latino para el cargo.
«No me extrañaría que Trump le dé carta libre tanto a Marco Rubio como a Mike Waltz para que adelanten la política» que consideren, «muy probablemente de un discurso altisonante y también de expansión de sanciones», abunda De Alba.
AFP
