Argentina ofrece la ciudadanía a nicaragüenses despojados de la nacionalidad

Ante la decisión de la dictadura sandinista de despojar de la nacionalidad a un grupo de nicaragüenses opositores, el gobierno Argentina dijo que está dispuesto a darles la cuidadanía, sumándose de esta forma a España, que también hizo un ofrecimiento similar.

“El gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a Sergio Ramírez y a Gioconda Belli, y a todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua”, dijo en Twitter, Gabriela Cerruti, vocera la presidencia de Argentina.

De igual forma Santiago Cafiero, canciller argentino, confirmó a una radioemisora esta disposición al declarar que “está la posibilidad de darle la ciudadanía argentina a Sergio Ramírez y a todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua. Si la pide, se la damos», puntualizó.

El gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a @sergioramirezm @GiocondaBelliP y todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua. https://t.co/nBaibxcjJT

— Gabriela Cerruti (@gabicerru) February 21, 2023

«¿Trámite expedito o lento?», cuestiona opositor nicaragüense

Ante esta posibilidad, el abogado nicaragüense Danny Ramírez Ayerdiz, Secretario Ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) y quien forma parte de la lista de despojados de su nacionalidad, presuntó al gobierno de Alberto Fernández si eso será expedito.

“Aquí, uno (él) de los 94 a los que le sacaron la nacionalidad el 15/02. Vivo en Argentina hace años, y por defender los ddhh de mis hermanos nicaragüenses han cometido está barbarie. ¿El trámite será expedito o gravemente lento como lo hace el PJN para nacionalizar?”, escribió en un tuit.

Más de 300 nicaragüenses fueron despojados recientemente de su nacionalidad por la dictadura de Nicaragua, tras acusarlos de “traición a la patria”. Además de eso, les expropió los bienes, siendo esto una medida más como parte de la sistemática represión que se viene ejerciendo en el país desde el estallido social de abril de 2018.