El anuncio de las nuevas medidas migratorias de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizadas durante su toma de posesión, ha puesto en alerta a la comunidad migrante nicaragüense en el país norteamericano, ante el riesgo inminente de ser deportados mediante redadas masivas en el país norteamericano.
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Entre las medidas migratorias que Trump anunció durante su investidura este lunes 20 de enero de 2025, se incluye la declaración de emergencia nacional en la frontera sur, la cual podría tener repercusiones inmediatas para miles de nicaragüenses que actualmente viven en el país norteamericano sin documentos legales.
Por su parte, Tom Homan, apodado el «zar de la frontera» ya había anunciado el pasado viernes 17 de enero de 2025 que «va a haber una gran redada en todo el país«, que empezará este martes 21 de enero en Chicago.
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Las nuevas medidas migratorias anunciadas por Trump, incluyen la reactivación de la construcción del muro fronterizo, la utilización de las fuerzas armadas en las labores de seguridad y un esfuerzo por modificar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El cambio más polémico de estas disposiciones es la propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense, lo cual es una reforma que podría acarrear una larga batalla legal.
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Sin embargo, su impacto sobre las familias migrantes, entre ellas muchas de origen nicaragüense, es inmediato, al generar incertidumbre sobre la validez de la ciudadanía de los hijos de inmigrantes en situación irregular.
A nivel local, las medidas también incluyen la designación de ciertos grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras, lo cual podría intensificar las persecuciones y deportaciones, en especial de aquellos migrantes relacionados con organizaciones como el Tren de Aragua y la MS-13, lo que preocupa aún más a las comunidades migrantes de países centroamericanos, incluidos los nicaragüenses.
Nicaragüenses en la cuerda floja
La comunidad nicaragüense, que ya ha enfrentado numerosas dificultades bajo las políticas migratorias de la administración Trump en su primer mandato, podría ver empeorar su situación, especialmente aquellos que viven con temor a ser detenidos o deportados debido a la creciente militarización de la frontera y las políticas de cero tolerancia hacia la inmigración irregular.
En respuesta a las nuevas políticas, el Caucus Hispano del Congreso (CHC) de Estados Unidos ha manifestado su oposición a las medidas, calificándolas como inconstitucionales y advirtiendo sobre el riesgo de violaciones a los derechos de los inmigrantes.
«El Caucus Hispano del Congreso (CHC) se solidariza con las familias inmigrantes sin importar dónde vivan o de dónde vengan. Nos oponemos firmemente a cualquier acción que infrinja sus derechos constitucionales», indicó un pronunciamiento de la organización.
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«Todos tienen derecho a estar libres de registros e incautaciones ilegales, y es inconstitucional que el ICE lleve a cabo detenciones masivas, interrogatorios y arrestos planificados de antemano que violen las protecciones de la Cuarta Enmienda de una persona.l», señaló un portavoz del grupo», añadió.
También afirmaron que el CHC se compromete a servir como recurso y defensor de todas las familias afectadas por las acciones inconstitucionales de la administración entrante y que continuaran luchando por los derechos, la seguridad y la dignidad de todas las comunidades.
Para los nicaragüenses en Estados Unidos, la incertidumbre y el miedo se acrecientan, ya que estas medidas podrían desencadenar un aumento en las detenciones y deportaciones, afectando gravemente a quienes aún viven en la sombra sin la protección legal adecuada y con el temor de regresar a su país de origen, sumido en una crisis política causada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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