Carlos Emilio López exalta trabajo de la policía y el poder judicial

Este martes se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos en el mundo y en Nicaragua ningún organismo independiente pudo festejarlo. De hecho no hay nada qué festejar, dice Vilma Núñez de Escorcia, quien es directora y fundadora del clausurado organismo no gubernamental Cenidh, que vela por los derechos de la ciudadanía.

Núñez dice que Nicaragua vive «una represión inédita» por la forma en que los manifestantes son atacados por el Estado, así como por las instituciones controladas por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«Libertades individuales y de expresión están siendo vulnerados. Los métodos que se están usando no se conocían ni durante la época de Somoza», dice Núñez .

«Yo que fui víctima de la dictadura somocista me atrevo de decir que es peor lo que se vive actualmente. No tiene antecedentes», agrega la veterana defensora de derechos humanos.

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De hecho desde abril de 2018 que estallaron las protestas contra Daniel Ortega más de 300 manifestantes han sido asesinados por paramilitares y agentes policiales, según documenta el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en 468 páginas que logró detectar varios «crímenes de lesa humanidad».

Por otro lado, el informe sostiene que existe una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y los altos mandos policiales en la ejecución de las acciones contra la población civil, por lo que insta a que se realice una investigación transversal que defina las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Juana Ramírez, madre del joven Marlon Manasés, asesinado el 20 de abril de 2018 en la UNI sigue exigiendo justicia por su hijo. Foto: NI

Diputado no ve violación a derechos humanos

El informe habla de torturas y vejámenes a los cuales se han sometido estudiantes, civiles y manifestantes que se oponen al gobierno nicaragüense, incluso se mencionan casos de violaciones por grupos armados no identificados.

Pero la perspectiva del gobierno de Daniel Ortega y sus funcionarios son totalmente diferentes. Carlos Emilio López, diputado miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional dice que Nicaragua respeta de forma «irrestricta» los derechos civiles y políticos de la ciudadanía y menciona que la justicia opera de forma correcta, pese a las denuncias de los familiares de manifestantes arrestados.

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«En Nicaragua se hacen realidad y se restituyen los derechos individuales y colectivos de las familiares y comunidades», dice López y enumera uno a uno lo que él considera restablecimiento de garantías a la ciudadanía como las viviendas, casa, entre otras cosas.

«Todas las instituciones judiciales que conforman el sistema de justicia: Policía Nacional, autoridades judiciales, Ministerio Público respetan los derechos humanos», agrega López.

No obstante el abogado Julio Montenegro quien llevó varios casos de presos políticos a inicios de año denunció varias anomalías en los procedimientos judiciales, iniciando desde el arresto que se daba sin orden judicial y en horas no estipuladas.

«Desde allanamientos hasta detenciones ilegales vimos; hubo muchos casos donde ciudadanos eran detenidos y presentados más de 48 horas después, violando sus derechos constitucionales», rememora Montenegro.

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