Desde el miércoles 18 de abril de hace cinco años, la ciudadanía matagalpina compuesta por personas de todas las esferas sociales de la ciudad, estudiantes, profesionales, campesinos, trabajadores, amas de casa, empresarios y hasta estudiantes de secundaria, se levantaron en protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Estas protestas, primero fueron plantones rápidos por la tarde-noche frente al edificio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Inss, días después pasaron a ser marchas multitudinarias y algunos días más tarde, la ciudad estaba paralizada y cerrada con tranques y barricadas. Pero el dictador y su esposa cobrarían con sangre, el derecho de los ciudadanos a exigir sus salidas del poder.
Estas expresiones de protesta fueron atacadas con violencia desmedida por policías y fanáticos civiles, además de efectivos del Ejército, tanto activos como en retiro. Ortega y Murillo armaron a sus seguidores contra los civiles y ordenaron a las fuerzas legales coercitivas a disparar. El resultado: más de 300 muertos en todo el país.
En esta ciudad, como en todo el país, la gente documentó las atrocidades que Ortega y Murillo ordenaron cometer. Grabaron a los paramilitares. En los videos se les ve movilizándose en camionetas del Estado, armados, cada uno con toda clase de pertrechos de guerra y con un solo objetivo: matar. Había que “ir con todo” contra los alzados, según la orden que dió Rosario Murillo, la misma que cada día habla de Dios y de amor en sus alocuciones de mediodía a través de los medios de comunicación que dirigen sus hijos.
Marchas y contramarchas
Los matagalpinos, especialmente estudiantes de universidades públicas y privadas, se autoconvocaron primero en redes sociales, para reunirse espontáneamente en el atrio de la iglesia Catedral y protestar.
Durante varias horas estuvieron sonando cazuelas y ondeando la bandera nacional a media calle, invitando a la población a sumarse a las protestas, entonando consignas de no más indiferencia. Por la noche, se acercaron hasta la delegación policial donde cantaron el Himno Nacional e invitaron a la policía a no caer en la tentación de reprimir.
Pero hicieron lo contrario, las protestas pacíficas fueron reprimidas con violencia desproporcionada que generó heridos, muertos, secuestrados y encarcelados. El sábado 21 de abril del año 2018, la ciudad estaba en llamas.
Por la mañana de ese día, se realizó una contramarcha gubernamental en apoyo al dictador, la que transcurrió sin hechos violentos. La policía hasta les dio protección durante el recorrido. Los opositores esperaron el fin de esa actividad, para autoconvocarse al caer la tarde.
Cuando “la cabeza” de la marcha con banderas azules y blancas llegaba a Catedral, una parte de la misma fue atacada por los grupos de choque del partido orteguista, desde varios rincones del parque Darío.
Ataques desde el Estado
Entre los atacantes, fueron identificados funcionarios del poder judicial como el entonces juez suplente de San Ramón, Otoniel Arauz, el delegado municipal del Ministerio de Educación, Mined, Jorge Pravia, el delegado de gobernación Francisco Pérez y otros connotados sandinistas como Isaac Jaen, padre e hijo, Francisco Guzmán, ex dirigente de Juventud Sandinista, jefeados todos por el alcalde Sadrach Zeledón y el secretario político Pedro Haslam.
Los manifestantes fueron atacados con armas de fuego de alto calibre. Se recuerda la arma automática de tipo subfusil, Skorpion VZ-61, arma de guerra que portaba el juez Otoniel Aráuz, a quien los manifestantes lograron atrapar en flagrante delito de homicidio en grado de tentativa al intentar escapar del lugar y con el rostro ensangrentado, como ha quedado registrado en videos que circularon en redes sociales.
Ese día, Otoniel Arauz era uno de los responsables de logística de los grupos oficialistas, según testimonios de las víctimas, ofrecidos a los organismos de derechos humanos.
En el caso del funcionario del Mined, Jorge Pravia, que acuerpaba al juez Arauz y al resto del grupo agresor, logró escapar del lugar, pero antes ya había lanzado varias docenas de piedras, patadas y gritos contra varios manifestantes en la esquina noroeste del parque Darío, tal y como se observó en otros videos en redes sociales.
Represión del 22 y 23 de abril
Las acciones represivas del gobierno con la policía y los fanáticos del régimen, muchos empleados de la institución del orden público, del Ejército y los grupos de choque del Frente Sandinista, continuaron los días domingo, lunes y martes. Cada día que pasaba, corría más sangre, aumentaba el dolor de las familias. El país pasó de gris a luto nacional.
El 22 de abril, desde la mañana, los manifestantes fueron atacados con armas de fuego. Fue una policía excedida en el uso de la fuerza. Hizo correr la sangre en la carretera de circunvalación de Matagalpa, comprendida desde la salida a Managua, hasta el comisariato de la policía o entrada de la UNAN, en un trayecto de un kilómetro.
Videos inéditos
En varios videos de redes se observa cómo la policía antimotines, llegan de sorpresa a la esquina del restaurante Las Praderas, donde un grupo de manifestantes desarmados estaban haciendo un plantón pacifico con consignas y cantos, y son atacados con disparos directos.
Los manifestantes decidieron replegarse hacia la zona sur para escapar de la balacera, aunque otros grupos decidieron enfrentar con piedras a los acorazados represores. Al día siguiente, el 23 de abril, la policía intentó un nuevo ataque, los manifestantes en mayor número y con las mismas armas improvisadas: piedras, láminas metálicas y su coraje, resistieron hasta donde pudieron.
Pero la policía y los fanáticos usaban armas de guerra. Ese día, hubo cerca de 50 personas heridas, muchos de ellos de gravedad, quienes fueron atendidos en casas particulares y en el centro de salud del barrio Francisco Moreno número tres. Una enfermera primero se rehusaba a cumplir con su deber, pero bajo amenazas de los manifestantes, accedió a atenderlos.
En esa ocasión, fue necesaria la presencia de algunos sacerdotes católicos de la diócesis de Matagalpa, como el padre Oscar Escoto, Sadiel Eugarrios, Ramiro Tijerino, seminaristas, entre otros, quienes intentaron mediar y lograron con rezos y pedido acallar las armas. Después, todo se saldría de control con “la operación limpieza”, Ortega y Murillo dictaron sentencia de muerte contra los alzados. La policía y los paramilitares las ejecutaron.
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