“Hoy es un día que quedará en la infamia para Nicaragua”, asegura la activista Martha Patricia Molina, después que este sábado la dictadura Ortega Murillo acusara de lavado de dinero a la iglesia católica, incluso al afirmar que hallaron sacos con miles de dólares en el interior de los templos de las diócesis del país.
“Es una total incoherencia decir que la Iglesia católica es una red de lavado de dinero, aunque el dictador Daniel Ortega y su mujer, en múltiples ocasiones los ha condenado y llamado terroristas, criminales, mafia organizada. No podemos esperar algo contrario en el proceder de sus instituciones que solo responden ordenes de los dictadores y nunca acatan el espíritu de la ley”, refutó Molina.
Dejó en claro la utilización arbitraria de las leyes del país. Por lo que considera urgente que instituciones como el GAFILAT (el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) se enteren que las leyes bancarias y de lavado de activos están siendo mal implementadas para criminalizar a personas e instituciones.
Dictadura acusa de «lavado de dinero» a la iglesia católica de Nicaragua
“La iglesia católica no lava dinero, no son terroristas ni financian la proliferación de armas”, enfatizó la activista.
Instó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) a mandar un S. O. S de inmediato a nivel mundial puesto que después de esta nota de prensa, existe la posibilidad de que secuestren a más religiosos y confisquen los bienes inmuebles de la iglesia en Nicaragua.
Instituciones sin credibilidad
Por su parte la activista Yonarqui Martínez, indicó que todo lo que proviene de la institución policial, la Fiscalía, el Poder Judicial y de todo órgano de Nicaragua, que no es autónomo y que más bien son corruptos y criminales, no tiene ninguna validez, mucho menos credibilidad.
“Están investigando y condenando a la misma vez. Se están extralimitando de sus funciones, están actuando de una manera política porque el objetivo es callar a la iglesia y a los pastores que son los únicos que han persistidos en Nicaragua, recordemos que expulsaron y encarcelaron médicos, periodistas, abogados, ahora quieren dejar en indefensión a la iglesia”, recalcó Martínez.
Acentuó que, aunque cierren las cuentas bancarias de la iglesia o cierren los templos, eso no disminuirá el liderazgo de los lideres religiosos que fungen como curas párrocos en las diferentes parroquias.
Ambas activistas de derechos humanos coincidieron en que esta medida estatal es ridícula, por lo que esperan que pronto sean revocadas, debido a que estas acciones que están claramente reñidas con la ley.
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