Una resolución del Parlamento Europeo pidió este jueves que el gobierno de Nicaragua proporciones pruebas de vida del obispo católico Rolando Álvarez, y demandó que la Unión Europea incluya al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en la lista de sancionados.
El documento aprobado en el Parlamento Europeo, sin carácter vinculante, demanda «que se demuestre que el obispo Rolando Álvarez está vivo», y refuerza el «llamamiento en favor de su liberación inmediata e incondicional» así como la «todos los presos políticos».
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En marzo, un órgano digital de prensa divulgó una fotografía y un corto video en que se puede ver al obispo Álvarez al recibir la visita de familiares en un penal próximo de la capital nicaragüense, Managua.
En febrero de este año, Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel y además privado de su nacionalidad nicaragüense y sus derechos ciudadanos a perpetuidad.
El caso de Álvarez es motivo de tensiones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia Católica, en un contexto en que las relaciones de Nicaragua con el Vaticano están al borde de la ruptura total.
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El encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo. Hace un año Ortega expulsó el nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag.
La resolución adoptada este miércoles por los eurodiputados (la séptima de este legislatura sobre Nicaragua) condena la «comisión generalizada de violaciones sistemáticas y deliberadas» de derechos humanos en ese país.
Los legisladores también piden que la UE «amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano».
La UE mantiene a 21 funcionarios nicaragüenses en su lista de sancionados.
El paquete original de sanciones de la UE contra Nicaragua había sido adoptado en 2019 e incluía a seis personas, aunque la lista de sancionados fue gradualmente aumentando, incluyendo a hijos de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Todas estas personas tienen vetada la obtención de visas para ingresar a la UE, y eventuales activos que posean en la Unión Europea resultan congelados.
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