El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aclaró en una conferencia de prensa al finalizar la 53 Asamblea General que el foro regional no reconoció los resultados de las votaciones en noviembre de 2021, cuando Daniel Ortega se reeligió “presidente” con sus potenciales rivales presos o exiliados, por lo cual su gobierno no es considerado legítimo.
Organizaciones políticas opositores y miembros de la sociedad civil nicaragüense habían estado demandando a la OEA a incluir en la resolución de condena contra la dictadura de Nicaragua declarar “ilegítimo” al régimen.
“Ya está hecho, las últimas elecciones de noviembre de 2021 no fueron consideradas legítimas”, precisó Almagro.
A raíz de esa declaración oficial, la dictadura de Ortega y Rosario Murillo tomaron la decisión de denunciar la Carta Democrática y sacar a Nicaragua del foro, a la vez que asaltaron con la policía la sede de la OEA en Nicaragua y cancelaron a sus representantes ante la organización.
“OEA quiere un cambio hacia la democracia”
Almagro consideró que la resolución de condena aprobada por aclamación por los Estados miembros de la OEA este 23 de junio, es una prueba más de que la OEA está a favor de un cambio democrático en Nicaragua y denunciar el totalitarismo sandinista, pero sin perder la oportunidad, de convocar a un diálogo para resolver la situación de violaciones de derechos humanos desde 2018 a la fecha.
El presidente de la Asamblea General, Roberto Álvarez, reforzó la idea de Almagro de mantener abierta las gestiones de diálogo a más alto nivel entre Nicaragua y los países miembros del foro para tratar de encontrar una solución a la prolongada crisis de derechos humanos.
Ambos funcionarios aclararon, además, que aunque Nicaragua dejó su asiento vacío en la Asamblea General, la resolución de condena es vinculante, ya que la salida se hará oficial hasta en noviembre de este año, siempre y cuando, Nicaragua cumpla con sus compromisos, resoluciones y deberes con la organización.
Álvarez dijo que la resolución de condena establece dos caminos claros para buscar una salida a la crisis del país centroamericano: por una parte deja abierta las puertas al diálogo político a más alto nivel y dos, mantiene la presión política para que Nicaragua ceda en sus posiciones radicales ante los compromisos democráticos y los derechos humanos.
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