Policías encapuchados y con armas de guerra fueron quienes sacaron de su residencia a los jesuitas

No hubo golpes, gritos, ni empujones, pero la violencia emocional y psicológica, al ver cómo los estaban despojando de su casa, es algo que aún sobrevuela las mentes de cuatro de los sacerdotes jesuitas que regentaban la Universidad Centroamericana (UCA) hasta agosto, cuando les fue confiscada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El despojo por parte del régimen orteguista de la casa de habitación de los jesuitas, conocida como residencia El Carmen, ocurrió el pasado sábado 19 de agosto, apenas unos días después del robo de la universidad que fundaron en 1960.

Uno de los jesuitas, identificado solo como A.M.D.G., narró lo que ocurrió ese día al medio Religión Digital y explicó que por la mañana no estuvieron en la residencia, que está junto a la confiscada UCA, pues andaban fuera celebrando la eucaristía y un almuerzo de las dos comunidades de jesuitas que existen en el país, las cuales despedían al padre Alejandro Cardoze, quien ahora estudia teología en España.

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Hasta ese día eran 17 los jesuitas en Nicaragua. Hoy solo quedan 11 y quieren quedarse para acompañar al pueblo nicaragüense.

Los religiosos ya habían determinado que el rector de la UCA, el padre Rolando Alvarado, tenía que salir del país y lo haría precisamente ese sábado, por lo que, para mientras salía, unas religiosas lo tenían resguardado en las afueras de Managua, junto al padre Silvio y el hermano Leonardo.

El testigo relató al medio Religión Digital que el padre Alvarado y sus dos acompañantes salieron a la frontera sur con Costa Rica por veredas, pero que, antes, las religiosas “hicieron una hermosa oración por los tres que emprenderían rumbo al sur para poner a salvo al padre Rolando”.

Encapuchados y con armas de guerra

Cuatro de los jesuitas regresaron a la residencia El Carmen: el padre Everardo, el padre Adolfo y los estudiantes para sacerdote Sándor y Herlin.

Al llegar, se encontraron con una patrulla de la Policía del régimen en el portón trasero de la comunidad, la única entrada y salía que les había quedado tras la confiscación de la UCA.

Los policías entraron con los religiosos a la casa, donde había 15 agentes más con uniforme de campaña, encapuchados y con armas de guerra.

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El jefe de los policías preguntó por el padre Rolando Alvarado y el padre Everardo les dijo que no estaba y que no sabía dónde estaba, al tiempo que trató de explicar al jefe policial que la residencia El Carmen no formaba parte de la UCA, pero el uniformado le contestó que era propiedad del Estado.

“Les indicaron que podían entrar a sus cuartos a retirar sus objetos personales acompañados cada uno de dos policías con su armamento de guerra, uno se quedaba en la puerta del cuarto y el otro entraba con el jesuita”, narró el testigo a Religión Digital.

El padre Adolfo, de 99 años de edad, se quedó en el carro encendido y con el aire acondicionado, por lo que no logró sacar sus cosas.

Tres más fuera

Tras el despojo de la residencia, los jesuitas se fueron a vivir a la comunidad San Ignacio, pero cuatro días después tuvieron que irse del país otros tres religiosos de esa orden.

Los padres Arnaldo Zenteno y Richard Vélez, con problemas de movilidad, acompañados por el estudiante a sacerdote Herlin Samayoa, quien trabajaba en Fe y Alegría, salieron por el aeropuerto el 23 de agosto pasado, el mismo día que la dictadura publicó en La Gaceta, Diario Oficial, la cancelación de la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua.

Los 11 jesuitas que quedaron en el país están claros de que todavía pueden sufrir más represalia, pero desean continuar sirviendo a los nicaragüenses.

El testigo terminó la narración pidiendo que no se debe olvidar orar por los 78 presos y presas políticas en poder de la dictadura, “una lista que tristemente no deja de crecer”.

Para confiscar a la UCA, la dictadura argumentó que había sido un centro de terrorismo en 2018.

Los jesuitas han argumentado que lo único que hicieron fue abrir las puertas de la universidad para dar refugio a las personas que estaban siendo asesinadas por los paramilitares orteguistas, los cuales fueron utilizados por el régimen para reprimir las protestas cívicas en abril de ese año 2018.