Protestan estudiantes de la UCA contra el gobierno de Ortega

Reclaman «juego» del Gobierno con el 6% constitucional para intimidar a universidades

«La educación no se vende, no tiene precio, no queremos pobreza mental en Nicaragua, los estudiantes no nos dejaremos manipular por el Gobierno de Daniel Ortega, que cree que puede jugar con nosotros a su antojo como lo ha hecho y sigue haciendo con nuestro país durante años», dijo  Juan Carlos Chávez, estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA).

Los alumnos de la UCA, quienes habían organizado un plantón para este jueves para reclamar los fondos de ley que el Gobierno había negado al centro de estudios superiores, siguieron adelante con la protesta, pese a que la pasada noche, el Ejecutivo informó de que en el mes de agosto realizará el desembolso correspondiente.
Para Chávez, «esa aprobación de urgencia a última hora de la noche fue una manipulación, un intento de frenar el plantón de hoy, pero igualmente aquí estamos, porque nuestra reivindicación no solo es por el 6 por ciento del presupuesto, tal y como corresponde, sino por el trato que este Gobierno da a la educación».

Según informó el estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU) «a partir de este mes de agosto se normalizarán los desembolsos a todas las instituciones que por ley reciben este financiamiento, incluyendo los fondos del mes de julio, que se habían reprogramado por la inestabilidad socioeconómica».

«No creo en casualidades, no creo en que el Gobierno tuviera anteriormente esa intención y lo dejó claro retirando becas a estudiantes universitarios que no siguen su línea y su partido político (Frente Sandinista de Liberación Nacional)», señaló el estudiante.

Estudiantes protestan por «juego» del gobierno con el 6% constitucional y poca atención a la educación. Foto: EFE

Chávez recordó que «justamente esta situación se da en la actual coyuntura, en la que a Ortega le gustaría eliminar a los estudiantes de la faz de la tierra, porque nos hemos convertido en su peor pesadilla, porque alzamos nuestras voces frente a lo que consideramos injusto».

El pasado 31 de julio, la UCA anunció la suspensión de labores para el mes de agosto, debido a la falta de desembolsos del Gobierno, en medio de la crisis sociopolítica que afecta al país desde el 18 de abril y que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según diversos datos de organizaciones de derechos humanos.
Frente a esta situación, el CNU atribuyó el incumplimiento a «dificultades de disponibilidad financiera, producto de la actual situación de inestabilidad (…), lo que ha obligado a una reprogramación financiera de algunos fondos del Presupuesto General de la República».

No obstante, cuando faltaban pocas horas para el plantón organizado por los estudiantes de la UCA, quienes cuentan con el apoyo de otras universidades públicas y privadas del país, el Gobierno decidió otorgar los fondos correspondientes, cuyo monto no fue especificado, como si los problemas financieros aducidos se hubieran resuelto de la noche a la mañana.

Según Chávez, quien insistió en que «esa operación de urgencia no es más que otro intento de Daniel Ortega de manipularnos», el presidente «pretende castigarnos por ayudar a los manifestantes del 30 de mayo», quienes fueron atacados por paramilitares cuando celebraban un marcha en apoyo a las mujeres que perdieron a sus hijos durante las revueltas populares.

Las clases en la UCA, que se mantienen suspendidas desde el 31 de mayo debido a la situación de inseguridad en el país, «no se retomarán hasta que se resuelvan los problemas en la educación, que van mucho más lejos que el 6 por ciento del presupuesto».
«Eso no es suficiente, no es la solución. Queremos que se nos trate como personas, como seres humanos, que es lo que somos. Queremos que cese la manipulación y la represión, y no pensamos regresar a las clases hasta que se resuelvan todos estos problemas», manifestó el estudiante, quien fue secundado por compañeros de otras universidades.

UCA en la mira del gobierno

La UCA, de tradición católica y gestionada por jesuitas, se encuentra en el punto de mira del Gobierno por su relación con la Iglesia Católica, mal vista por Daniel Ortega por ser la institución que propuso al presidente, el pasado mayo, renunciar al poder para superar la crisis.
Ortega sostiene que las protestas en Nicaragua se deben a un «golpe de Estado» y ha señalado de forma directa al clero nicaragüense de ser «parte del plan golpista», detrás del cual estaría Estados Unidos.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.