La ministra de gobernación María Amelia Coronel Kinloch, ordenó la cancelación de la personería jurídica de 10 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Puerta de la Montaña Order, Inc (Mountain Gateway Order, Inc), recientemente acusada por la Policía de “lavado de dinero”.

La cancelación de estas personerías jurídicas se da mediante un acuerdo ministerial publicado en La Gaceta – Diario Oficial, en el que el Ministerio de Gobernación (MIGOB) señala a estas organizaciones de no reportar “por períodos de entre 01 hasta 12 años sus Estados Financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y sus Juntas Directivas”.

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Las organizaciones canceladas son:

1. Asociación Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN): cuya personalidad jurídica fue otorgada mediante el Decreto No. 695, Gaceta No. 31, del 14 de febrero de 1994 e inscrita el 26 de julio de 1995.
2. Asociación Mutua del Campo (MUTUA): personalidad jurídica otorgada el 15 de junio de 2000 e inscrita el 08 de octubre de 2002.
3. Asociación Apostólica Hechos 22:16: que contaba con personería jurídica desde 2003.
4. Asociación Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados: funcionaba desde 1995, fecha en que le fue inscrita.
5. Puerta de la Montaña Order, Inc (Mountain Gateway Order, Inc): a esta organización la habían inscrito el 16 de abril de 2015 y es acusada por el MIGOB de “obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, al no promover políticas de transparencia”.
6. Asociación Ministerio Internacional Restauración Berea (M.I.R.B.E): había sido inscrita en 2012.
7. Asociación de Criadores de Ganado Brahman de Nicaragua: contaban personería jurídica desde 1972 y fue inscrita el 21 de noviembre de 1991.
8. Asociación Instituto Internacional de la Biblia Thompson (I.I.B.T): tenía personería jurídica desde 2012.
9. Bridge of Hope International: inscrito desde el 14 de noviembre de 2012.
10. Asociación Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Creciendo en Gracia «Centro Educativo Internacional Creciendo en Gracia»: funcionaba desde 2005 cuando se le fue entregada la personería jurídica e inscrito en el MIGOB.

A todas estas organizaciones las señalan por razones similares como “incumplimiento” al “no reportaron estados financieros” en períodos específicos o por tener su junta directiva “vencida”.

Otras obligadas a “disolución voluntaria”

Estas no son las únicas organizaciones sin fines de lucro que perecieron bajo la guillotina del MIGOB, otras tres solicitaron su “disolución voluntaria” este miércoles.

• Asociación Nicaragüense Heal Flor (Heal Flor): según el acuerdo ministerial esta organización funcionaba desde el 2017 y habría solicitado su disolución voluntaria “por falta de recursos económicos para continuar realizando proyectos”.
• Asociación de Técnicos para Solidaridad y Cooperación Internacional (RE.TE): esta organización italiana operaba en Nicaragua desde el 2008 y solicitó su disolución “por decisión de la Junta Directiva del país de origen (Italia), culminando proyectos en Nicaragua”, señala el MIGOB.
• Fundación Nicaragüense Cosecha Sostenible (FUNCOS): funcionaba en Nicaragua desde el 2006 y según el argumento del MIGOB optó por la disolución voluntaria tras verse imposibilitada “de cumplir con los fines y objetivos para los cuales fueron constituidos”.

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En el caso de las oenegés canceladas, el MIGOB ordenó que sus bienes muebles e inmuebles pasen a manos del Estado de Nicaragua, para lo que delega a la Procuraduría General de la República que realice los trámites de “traspaso”. En cuanto a las que solicitaron “disolución voluntaria” no explica lo que ocurrirá con sus bienes.

Desde 2018 el régimen Ortega-Murillo ha cancelado a más de 3,300 organizaciones no gubernamentales, dejando a miles de personas desempleadas y una millonaria deuda al país que tendrán que pagar los nicaragüenses con sus impuestos. Hasta ahora la dictadura no rinde cuentas de lo que se hace con los bienes confiscados.