Durante más de 10 años la activista nicaragüense María Teresa Blandón trabajó promoviendo los derechos de las mujeres desde su organización La Corriente, pero todo llegó a su fin cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega le suspendió la personería jurídica en mayo de 2022, alegando supuestas irregularidades en sus estados financieros.
Blandón interpretó la decisión como una clara estocada que puso fin a años de campañas de desprestigio contra las feministas. “El gobierno declaró a las organizaciones de mujeres como sus adversarias, como sus enemigas y desde el primer momento hubo una intención clara de deslegitimarnos”, dice Blandón a la Voz de América, quien ahora se encuentra en el exilio en Costa Rica.
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La Corriente, que brindaba acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia en Managua, se sumó así a las más de 3.300 organizaciones no gubernamentales ilegalizadas en Nicaragua en tan solo cinco años que inició una crisis política en este país centroamericano tras las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
El gobierno de Ortega, según analistas, se ha valido del control que ejerce el Ministerio de Gobernación, que es el ente encargado de fiscalizar las organizaciones no gubernamentales, para clausurarlas.
Los opositores alegan que Gobernación no reciben la documentación de los estados financieros de las oenegés, o no permiten actualizar las juntas directivas.
Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), ilegalizada por el gobierno de Ortega en abril de 2022, señaló que las autoridades de Gobernación no recibieron la documentación de la entidad que dirigía.
El gobierno de Ortega alega que el cierre de las casi 3.500 ONG ilegalizadas es parte de lo que han llamado «un proceso de ordenamiento» que les ayudará a «regular” las 7.227 asociaciones sin fines de lucro que se fundaron en el país desde la década de 1980.
Mayoría de ONGs canceladas son nacionales en Nicaragua
No obstante, según expertos consultados por la Voz de América, las oenegés han sido objeto por parte del gobierno nicaragüense por su labor social que realizan en el país y aducen que su cierre obedece a una “radicalización del régimen” para apagar cualquier esfuerzo de la sociedad civil por organizarse.
Del total de oenegés canceladas, el 49 % son nacionales y un 10 % internacionales, según un conteo realizado por la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG que lleva una recopilación exhaustiva de la cancelación de organismos.
La misma red señala que un 12 % corresponde a entidades gremiales, un 10 % religiosas y un 5 % de mujeres.
Amaru Ruiz, un activista nicaragüense exiliado en Costa Rica que dirigía la oenegé Fundación del Río, la cual promovía el cuido del medio ambiente, señala que el cierre de las organizaciones que han sido ilegalizadas, en gran mayoría ayudaban a combatir la pobreza y atender a grupos vulnerables. “Estamos hablando de niñez y adolescencia, estamos hablando de sectores juveniles. Estamos hablando de mujeres”, lamenta Amaru.
El cierre, indica el ambientalista, se traduce en “desatención a muchas de estas poblaciones que se habían beneficiado de estos proyectos de desarrollo”.
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“Hay un proceso de desatención a grupos vulnerables muy grande. Lo hemos visto con las universidades que han sido cerradas, no ha habido un proceso de sustitución de políticas estatales, que implementen o sustituyan los programas de desarrollo que tenían las organizaciones de la sociedad civil incluyendo las universidades”.
Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, asegura a la VOA que los cierres de espacios de la sociedad civil “repercute negativamente” en la población “y pareciera que únicamente se quiere ver lo que el gobierno quiere”.
“La crisis de Nicaragua viene del 2018, son serias violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y cierres de espacios cívicos. Más de 3.000 organizaciones y personas desterradas, nos preocupa todo esto, pareciera que únicamente se quiere mostrar lo que el gobierno quiere”, concluye Brunori.
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