«Fortaleza, hijitos… ¡suerte!», dice una anciana a militares que patrullan un populoso barrio del sur de Quito bajo la orden presidencial de doblegar a las bandas del narco que siembran terror en Ecuador.

«Dios les bendiga, les tenga con vida, con salud», grita con voz entrecortada Luz Cumbicos, de 87 años. La mujer estaba en el patio de su casa cosechando coles, pero cuando escuchó la presencia de una veintena de soldados salió apresurada a la calle para saludarles agitando su mano en alto.

Unos corren a abrazarlos, otros les lanzan besos o les ofrecen comida, y algunos observan temerosos tras las rendijas de sus casas, en medio de operaciones observadas bajo lupa por la ONU.

Luego de que el mandatario Daniel Noboa declarara al país en «conflicto armado interno» el martes, 22.400 militares fueron desplegados en todo el país.

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Un equipo de la AFP acompañó a un escuadrón en Quito que se movilizaba equipado para una guerra: fusiles, cascos, chalecos antibalas y rostros cubiertos.

A bordo de un camión color verde oliva, el grupo de uniformados especialistas en combate en selva ascienden hasta la barriada Lucha de los Pobres, un concurrido sector asentado en lo alto de una cima del lado oriental de Quito, que creció de forma descontrolada.

Con máscaras de calaveras y pasamontañas, los militares llegan de sorpresa y montan retenes donde requisan personas de arriba a abajo, escudriñan autos y revisan documentos de identidad.

Ante la ola violenta, la ONU pidió al gobierno una respuesta «proporcionada» y respetuosa de los derechos humanos.

Tatuajes

Los comandos Tigre y Jaguar cachean a quienes pasan con actitud sospechosa por el puesto de control.

«No tiene traza de inocente», dice uno de los militares tapado con un pasamontañas luego de requisar a un joven de tatuajes en el cuerpo.

Miembros de las agrupaciones criminales como Lobos y Tiguerones se marcan con tinta indeleble los símbolos de las bandas como signo de lealtad.

Jóvenes entrevistados por AFP denuncian el estigma que cargan los amantes de los tatuajes y se dicen atemorizados de caer en un control militar.

«No está bien discriminar a las personas que llevamos tatuajes. Deben tamizar a las personas antes de meterles en el mismo saco, ver los antecedentes», dice bajo reserva una profesional de 30 años, quien está dispuesta a conservar sus tatuajes a diferencia de quienes los están borrando con láser.

Con el rostro cubierto, la capitana Amanda Tovar, al mando de la patrulla, indica que las operaciones se organizan después de analizar «información de inteligencia», que determina que «estos sectores son áreas conflictivas».

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Puntos «calientes»

Un soldado con una máscara de calavera se planta frente a un taller de reparación de neumáticos y observa desafiante. En actitud alerta, protege desde esa esquina a sus compañeros a cargo de un retén.

Los comandos trepan al camión y arrancan hacia otro punto «caliente», donde el conductor de un automotor que abastece de tanques de gas los recibe al toque de bocina. «Bien, bien, no desmayen», los anima.

Recorren a pie las calles, formando columnas en ambos lados, y descienden por descuidados pasajes escalonados, en los que la hierba gana espacio al cemento. Al final, una hija de Luz Cumbicos sale al encuentro de los militares y les entrega un racimo de bananos.

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Para el «hambrecita», indica la anciana, vestida con un delantal de cocina rojo y en la mano izquierda una col recién cosechada.

El presidente Noboa declaró beligerantes a una veintena de bandas mafiosas integradas por unas 20.000 personas tras una de las peores arremetidas del narco que en seis días deja un balance sangriento: 18 muertos, motines en cárceles, guardias penitenciarios retenidos por presos, policías secuestrados, ataques con explosivos y vehículos incendiados.

Isabel Camacho, de 83 años, se queja de la violencia que esta semana obligó a su hija a cerrar el taller de costura: «A los que hacen demasiado daño, mejor que los maten».