En redes sociales circulan videos en los que algunas personas autodenominadas influencers explican que a los nicaragüenses que se han ido para Estados Unidos, el régimen de Ortega los declarará apátridas y los despojará de sus bienes. La situación ha despertado mucha preocupación.

Sin embargo, hay que aclarar que no existe ninguna nueva ley o decreto que señale lo que circula en redes sociales, e incluso muchos militantes del Frente Sandinista y acérrimos defensores del régimen han marchado a Estados Unidos gracias al parole humanitaria. Tampoco se conoce algún caso de una persona a la que le hayan quitado la nacionalidad y los bienes por este motivo.

La cosa cambia cuando uno es activista opositor, pero no por el hecho de migrar.

Hasta ahora se conoce que los únicos que han sido despojados de la nacionalidad son los 222 presos políticos desterrados por el régimen en febrero de 2023, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, un grupo de 94 nicaragüenses considerados críticos del régimen y el empresario Piero Coen Ubilla.

A ellos el régimen primero los declaró “traidores a la patria” valiéndose de la recién creada Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (Ley 1055).

Acto seguido la Asamblea Nacional reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República para declararlos apátridas. Esta reforma quedó completamente sellada tras su aprobación en segunda legislatura de la Asamblea Nacional este 2024.

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Hasta aplaudir es un delito

El primero y más extenso de los dos únicos artículos que tiene la Ley 1055, en esencia explica que quienes estén involucrados en actividades que “alteren el orden constitucional” ya sea a través de protestas, llamados a sanciones, intervenciones internacionales en Nicaragua o incluso, que “aplaudan la imposición de sanciones” contra el régimen, “serán ‘traidores a la patria’”.

La reforma al artículo 21 de la Constitución Política es aún más grave. “La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los Traidores a la Patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”, señala el artículo ya reformado.

De acuerdo al patrón observado, una vez que declarados apátridas el primer grupo de nicaragüenses, también fueron despojados de sus bienes en Nicaragua.

“Cualquier persona puede ser despojada de sus bienes”

Ante este panorama, asociado a que Ortega ya tiene un historial de confiscaciones desde los años ochenta con la Ley de los Ausentes, hay temor en quienes están fuera de Nicaragua o se han ido con parole humanitario a Estados Unidos.

A criterio abogado y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez-Ayerdiz, con solo la reforma al artículo 21 de la Constitución Política “cualquier persona puede ser despojada de sus bienes”.

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“Lo que busca el régimen es crear terror dentro de la población y es una clara advertencia que no solamente va a reprimir mediante la cárcel o la privación arbitraria de la libertad al agente, sino que está dispuesto a violar cualquier derecho humano, incluido el derecho a la propiedad”, explica el abogado.

Amenaza es latente

Ramírez-Ayerdiz agrega que la amenaza de la pérdida de nacionalidad y bienes es latente y que siempre ha existido, incluso explica que los Consejos del Poder Ciudadano, mejor conocidos como CPC han sido clave en las amenazas a los opositores.

“Los CPC ya han hecho estas amenazas desde siempre y Calidh ya ha recibido denuncias de hostigamiento en los barrios donde familiares que quedan de las personas que han huido”, agrega el abogado.

El secretario ejecutivo de Calidh expone que Ortega no solo se está valiendo de las amenazas con la cárcel, sino que está usando nuevas leyes y la reforma a la Constitución para declarar apátrida a cualquier nicaragüense y despojarlo de sus bienes. Una amenaza de la que nadie se escapa, incluso quienes no se han involucrado en asuntos políticos.