El Ministerio Público (MP) de Venezuela abrió una investigación contra la líder opositora María Corina Machado “para ser imputada” por haber apoyado un proyecto de ley bipartidista aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca cortar el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro, identificado por sus promotores comola «Ley BOLIVAR».
“Los pronunciamientos públicos que la señalada ha realizado en torno a este írrito proyecto de ley, la involucran gravemente y constituyen la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir”, precisa un comunicado divulgado el viernes por el MP.
Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, agradeció a los miembros de la Cámara de Representantes que defendieron y aprobaron la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, conocida como “Ley BOLIVAR”, que ahora debe pasar al Senado estadounidense.
«Paso crucial» contra el chavismo, dijo
La líder opositora dijo desde la clandestinidad en la que se encuentra desde hace varias semanas, que el proyecto de ley “es un paso crucial para exigirle cuentas al régimen de Maduro” y aseguró que espera seguir trabajando con aliados para “lograr una rápida transición hacia la democracia”.
En respuesta al avance del proyecto de ley, el parlamento venezolano, de mayoría oficialista, aprobó este jueves primera discusión una legislación que establece la inhabilitación política “perpetua” de quienes apoyen sanciones contra el país.
Además, también contempla la aplicación de la Ley de Extensión de Dominio para quienes “promuevan, participen, difundan o hagan apología a medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano”, de acuerdo al canal del Estado.
El miércoles, el presidente Nicolás Maduro, que calificó de “basura” la ley impulsada por Mike Waltz, recientemente escogido por el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump como su futuro asesor de seguridad nacional, había pedido a la Asamblea Nacional celeridad en la aprobación de la legislación.
Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio para un tercer mandato, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria al excandidato Edmundo González Urrutia, actualmente en un exilio “forzado” en España.
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2.400 detenidas.
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