El régimen dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó una propiedad de la familia Chamorro Barrios, en San Juan del Sur, Rivas, el pasado 29 de enero. Se trata del condominio Farallón de Sotavento, compuesto por cuatro apartamentos y una casa de servicio.
El complejo de apartamentos había sido construido por órdenes de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, en una propiedad adquirida a finales de los años 60 por su fallecido esposo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director del diario La Prensa.
Una fuente cercana a la familia Chamorro Barrios indicó, bajo condición de anonimato, a La Prensa que varios agentes policiales llegaron al complejo de apartamentos y desalojaron al personal de servicio y de inmediato “ocuparon la propiedad de forma permanente”.
“Los policías alegaron de forma verbal que estaban ejecutando órdenes de la Procuraduría General de la República, pero no presentaron ninguna notificación, orden de allanamiento o documento de confiscación”, precisó la fuente.
Casi seis décadas de pertenecer a la familia
Después que Pedro Joaquín Chamorro adquiriera la propiedad en los años 60, construyó una casa familiar para sus vacaciones de verano.
Varios años después, en 2007, la expresidenta Violeta Barrios ordenó que se demoliera la casa y se construyera un condominio compuesto por cuatro apartamentos y una vivienda de servicio.
Se sabe que la propiedad pertenece a la sociedad Farallón de Sotavento, cuyos propietarios fundadores fueron la misma expresidenta Barrios de Chamorro y sus hijos Pedro Joaquín, Claudia Lucía, Cristiana y Carlos Fernando.
Tiempo después, doña Violeta distribuyó sus acciones de manera igualitaria entre sus cuatro hijos. Y para 2017, Pedro Joaquín y Carlos Fernando vendieron sus acciones a otros dueños.
En agosto del 2021 el régimen sandinista se apropio del diario La Prensa y arrestó a su gerente general Juan Lorenzo Holman Chamorro.
En los últimos años el régimen Ortega-Murillo ha confiscado una gran cantidad de propiedades y bienes, tanto a organizaciones no gubernamentales a las que les ha despojado de su personería jurídica, como a empresarios y opositores. Hasta ahora no ha rendido cuentas de lo que ha hecho con los bienes confiscados.
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