El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), del organismo Hagamos Democracia, presentó este jueves los resultados de una investigación a la que llamó «la punta del iceberg» de la nueva piñata sandinista, pues apenas se conoce una ínfima parte del costo de todas las propiedades que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha venido confiscando desde 2018.
El estudio arrojó más de 250 millones de dólares como cuantificación del valor de una pequeña parte de las propiedades confiscadas desde 2018 por los Ortega Murillo, pues solo un reducido grupo de los afectados quiso brindar datos de sus propiedades arrebatadas, debido al temor de que la dictadura les afecte otros bienes o perjudique a sus familias, explicó el investigador Wilfredo Miranda, quien estuvo a cargo de la presentación.
La mayoría de los perjudicados forman parte de los 222 excarcelados que fueron desterrados a Washington en febrero de 2023, así como de las 94 personas que fueron posteriormente desnacionalizados.
Entre las víctimas también están dueños de medios de comunicación, oenegés que fueron canceladas, la iglesia católica y sus organismos, universidades, empresarios y hasta embajadas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ortega revive el fantasma de las confiscaciones en Nicaragua
Como la «Piñata» de los ochenta
Esta nueva ola de confiscaciones ilegales, que forman parte de otra manera de represión de la dictadura, y que están expresamente prohibidas el artículo constitucional 44, copian a las que realizó el primer régimen sandinista de los años ochenta del siglo pasado, también dirigido por el actual dictador Daniel Ortega, y que en 1990 originó lo que se conoció como «La Piñata» sandinista y que consistió en que los sandinistas se repartieron para ellos y sus allegados los bienes confiscados a la familia Somoza y su círculo cercano.
En aquella ocasión, la deuda pública final emanada de esas confiscaciones fue por un total de dos mil millones de dólares, la que estaba proyectada a terminarse de pagar hasta el pasado año 2023, pero, indicó Miranda, como no existe información al respecto, se desconoce si ya se pagó en su totalidad o todavía se está abonando a la misma.
Lo que sí se sabe es que Ortega está generando nuevamente otra deuda similar o más monstruosa, puesto que aún se desconoce la totalidad de los bienes confiscados ilegalmente.
Con la información que brindaron los pocos afectados que quisieron hablar para la investigación de OPTA, así como de datos obtenidos a través de las publicaciones de los medios de comunicaciones y de algunas páginas gubernamentales, se calculó que la deuda va por más de 250 millones de dólares, por la confiscación de 135 propiedades. Pero, es una pequeña parte, solamente. La punta del iceberg, como dice el título del estudio.
Además, señala el informe, «el régimen va primero confiscando paulatinamente bienes inmuebles de alto valor».
«Es una rapiña que emula la piñata de los ochenta y vuelve a cargar sobre Nicaragua una enorme deuda pública que recién ahora empieza a cuantificarse», agrega la presentación de Miranda.
El pueblo paga
Un aspecto que menciona la investigación es que el artículo 44 constitucional establece que los funcionarios que realicen confiscaciones ilegales deberán resarcir el daño con sus propiedades. Aunque, de momento, no se conoce que la dictadura haya beneficiado con algunas de estas propiedades confiscadas a personas particulares, como ocurrió en los ochenta, sino que, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) solo las ha asignado a instituciones estatales.
Lo más probable, indicó Miranda, es que una vez retorne la democracia a Nicaragua, será nuevamente el pueblo quien deba pagar esta deuda pública que los Ortega Murillo hoy están generando con sus confiscaciones ilegales. Además, la investigación no determinó cuántas propiedades tienen en total los Ortega Murillo.
Los afectados
A los 222 desterrados y a los 94 desnacionalizados, Ortega les ha confiscado numerosas propiedades, entre las que destacan casas de habitación, inmuebles que alquilaban a oenegés, casas para vacacionar, negocios, entre otros.
Sin embargo, solo se tiene información de 78 de estas propiedades, cuyos valores suman casi 18 millones de dólares. La mayoría de ellas están en Managua (75 por ciento), seguido de Masaya (22 por ciento), Carazo (9.2 por ciento), León (8.3 por ciento) y Granada (2.8 por ciento). El 58 por ciento de estas propiedades confiscadas ilegalmente están en zonas de alta plusvalía.
Entre las instituciones estatales beneficiadas con las mismas están el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Instituto Tecnológico Nacional (Inatec) y el Instituto de Promoción de la Competencia (Procompetencia).
Se calcula que la dictadura, desde 2018, ha clausurado 3,494 oenegés en todo el país, a las que también ha confiscado numerosas propiedades, pero el estudio de OPTA solo recaudó información sobre 41, pertenecientes a 30 organismos no gubernamentales, las cuales fueron valoradas en total en poco más de 8.4 millones de dólares.
Por el cierre de estos organismos, detalla la investigación, el país ha dejado de percibir donaciones por un monto de más de 580.5 millones de dólares.
Los empresarios también han sido afectados, empezando por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el cual fue cerrado y le confiscaron su sede valorada en medio millón de dólares.
La dictadura también cerró 35 cámaras y asociaciones empresariales, pero los representantes de las mismas todavía se encuentran en el proceso de cuantificar los bienes confiscados.
A la Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) les arrebataron tres propiedades, valoradas todas en 1.1 millones de dólares. A Expica la despojaron de un terreno cuantificado en 928,647 dólares.
El empresario Piero Coen le quitaron varias propiedades y solo una de ellas valorada en 100 millones de dólares.
Los empresarios, los que aún trabajan en Nicaragua, para poder funcionar están siendo extorsionados por instituciones como las alcaldías, la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Ingresos (DGI), a través de una red de «gestores tributarios».
En total, con la poca información recabada, el estudio detalla que las confiscaciones ilegales de los Ortega Murillo han afectado a los empresarios por un monto de casi 163.5 millones de dólares.
Existen 21 universidades clausuradas, las que también fueron víctimas de confiscaciones, entre las que destaca la Universidad Centroamericana (UCA), una de las de mayor patrimonio, aunque no se obtuvieron datos de la misma y solo se conoce que, además de apropiarse de su sede central, el régimen le arrebató y vendió una hacienda de estudios de agronomía de 100 manzanas.
La propiedad que le confiscaron al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) está valorada en 30 millones de dólares.
En total, las propiedades sustraídas a las universidades alcanza casi los 30.6 millones de dólares.
A la iglesia católica la han perjudicado confiscándole 15 propiedades de nueve asociaciones religiosas, además de quitarle radioemisoras como radio María, y también han congelado cuentas bancarias. La iglesia nicaragüense prefirió no brindar datos.
«No tengo idea si hay una estimación, pero la cantidad debe ser enorme, pues no solo han congelado las cuentas de la Conferencia Episcopal y de las parroquias, sino que se han apoderado de propiedades e instituciones de la iglesia y de cuentas bancarias de algunos sacerdotes. Los obispos que están en Nicaragua lamentablemente guardan silencio y minimizan estos hechos», dijo a los investigadores una fuente ligada a la alta jerarquía católica.
Los medios de comunicación también están entre los grandes afectados. Miguel Mora dijo que su canal confiscado, 100% Noticias, además de los equipos televisivos, tienen un costo de cinco millones de dólares. Y el edificio cuesta 900 mil dólares.
El edificio del diario La Prensa, además de otras industrias que manejaban en la misma sede, cuestan en total más de 20 millones de dólares.
El periodista Aníbal Toruño afirma que su radio Darío, y otras emisoras que tenía en León, tienen un valor de casi 1.1 millones de dólares.
Otros medios de comunicación, entre ellos radio Vos, suman entre todas sus propiedades confiscadas un total de casi 4.43 millones de dólares.
Las sedes de la embajada de Taiwán y la de la OEA también fueron arrebatadas.
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