En una entrevista con el periodista Wilfredo Miranda para el diario El País, de España, Jan-Michel Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas cuestionó que los criterios que usa el Fondo Monetario Internacional al momento de establecer una calificación crediticia para Nicaragua no tomen en cuenta la repercusión económica de las acciones del régimen de Daniel Ortega a nivel de garantías civiles.
Simon indicó que «un eje de evaluación del Fondo es la buena gestión del gobierno», pero dijo que en base a ese marco se deben considerar «todos los aspectos sobre la manera en que se gobierna un país, en particular, el respeto al Estado de derecho, y más en particular, la garantía del debido proceso legal, especialmente, relacionado con el derecho a la propiedad».
El experto se cuestionó que siendo este aspecto tan importante para garantizar seguridad jurídica y por tanto, estabilidad económica, el FMI no tomara en cuenta el tema de las masivas confiscaciones que ha ejecutado el régimen de Daniel Ortega desde 2018 tanto a personas particulares, principalmente opositores, periodistas y activistas de derechos humanos, así como a organizaciones de sociedad civil.
«Uno podría preguntarse, ¿cómo el Fondo Monetario Internacional no tomó debidamente en cuenta este hecho al analizar y evaluar en su informe final la situación de Nicaragua en 2023? Podría haber un efecto muy importante si se toma en cuenta la situación de derechos humanos», se cuestionó Simon.
Valoró especialmente el hecho de que los informes de evaluación que hace públicos el FMI tienen un impacto global importante, porque más que para dar una buena puntuación al gobierno en materia de ejecución financiera «son una certificación para los demás actores del mercado financiero internacional y sus políticas de financiamiento y de crédito a Nicaragua». Es decir, estas buenas notas para Ortega le aseguran más flujo de fondos de otros países y otras entidades.
Reconoce: Las sanciones, «un efecto simbólico».
Jan-Michel Simon reconoce que las sanciones de índole individual como las que han aplicado Estados Unidos y la Unión Europea tienen más bien un efecto simbólico. «Pero el efecto simbólico es importante en el sentido de que cuando rige la total impunidad, una sanción demuestra públicamente que la comunidad internacional amonesta el comportamiento de los gobernantes», indicó.
En ese sentido insistió en que lo más efectivo, y lo recomiendan en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, sería que las instituciones financieras internacionales cambien su comportamiento en cuanto a sus relaciones con el gobierno que dirige Daniel Ortega.
«Me refiero muy en concreto aquí al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y al Fondo Monetario Internacional», señaló directamente.
Tras la salida de Dante Mossi del BCIE, la nueva presidenta de esa entidad Gisele Sánchez aseguró que reducirían los préstamos a Nicaragua por un asunto de tope del límite crediticio.
En el año 2023, de acuerdo con el Informe de Cooperación Externa publicado por el Banco Central, el BCIE prestó al régimen nicaragüense US$549.2 millones, siendo el mayor proveedor de recursos económicos para la dictadura, ya que este monto representó el 74.8% de todos los créditos que este recibió durante ese año.
Los otros préstamos que recibió Ortega en 2023, fueron del Banco Mundial (US$47.7 millones), BID (US$46.6 millones), Banco Europeo de Inversiones (US$29.3 millones), Unión Europea (US$26.8 millones) y PMA (US$22.9 millones).
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