La dictadura de Daniel Ortega continúa “expandiendo” las restricciones a los espacios cívicos y democráticos en Nicaragua, lo cual “sigue siendo motivo de grave preocupación”, expuso la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, este jueves 20 de junio en la sesión número 56 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
“La actuación del Gobierno (Ortega Murillo) ha dado lugar a una perversa negación del Estado de derecho, al utilizar todas las instituciones del sistema judicial para perseguir a sus opositores, reales o supuestos”, indicó Al-Nashif, comentando también que los dictadores nicaragüenses controlan totalmente el poder judicial y lo utilizan “para implementar una campaña sistémica de represión”.
Al-Nashif hizo un recorrido por todos los padecimientos que sufren actualmente los presos políticos en Nicaragua, 131 en total, de los cuales 23 son mujeres y 108 hombres.
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Dice que aún hay tiempo
Al-Nashif comentó que aún había tiempo para corregir la situación en Nicaragua.
“No es demasiado tarde. El deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua aún puede revertirse y restablecerse el respeto por el Estado de derecho. Insto a las autoridades a que pongan inmediatamente en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente; que permitan la comunicación y las visitas de abogados y familiares a todas las personas detenidas; y que restablezcan los derechos de todas las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad”, expresó.
Los abusos de los Ortega Murillo
Entre los abusos mencionó detenciones ilegales y arbitrarias, juicios sin garantías, encarcelamientos en condiciones inhumanas que agravan el sufrimiento de las víctimas y sus familias, aislamientos prolongados, falta de atención médica y de medicinas y no acceso a visitas familiares.
Incluso, habló de desapariciones forzadas, porque la dictadura no reconoce que tiene a las personas encarceladas, como en el caso del diputado de la Asamblea Nacional y dirigente indígena Brooklyn Rivera, así como de personas que ya han cumplido condenas y no los liberan, como el caso de Jaime Navarrete, manifestante de las protestas de 2018 y quien se encuentra en grave riesgo de salud, tanto física como mental.
“Las prácticas de detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada constituyen graves violaciones de los derechos humanos, y ponen en grave riesgo el derecho a la vida y la integridad física y mental de las personas detenidas. Estos tratos podrían, en algunas circunstancias, equivaler también a tortura”, dijo Al-Nashif.
Igualmente, Al-Nashif denunció la persecución religiosa que realiza el régimen Ortega Murillo, atacando a las iglesias, contrariamente al derecho a la libertad de religión.
“Nuestra Oficina fue informada de varias celebraciones católicas canceladas durante la Semana Santa por temor a represalias. Además, desde marzo de 2024, ocho asociaciones adscritas a iglesias evangélicas habrían cesado sus actividades bajo presión o han sido despojadas de su personalidad jurídica por el Ministerio del Interior, con lo que el número total de asociaciones e instituciones evangélicas disueltas ascendería a 311 desde 2019”, indicó.
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El caso de Vilma Núñez
La funcionaria de la ONU destacó el caso de la defensora de los derechos humanos, Vilma Núñez, quien tiene 85 años de edad y fue desposeída de su nacionalidad en febrero de 2023.
“Desde entonces se le han denegado sus derechos a una pensión, a la asistencia sanitaria y a ejercer su profesión de abogada. Está sometida a vigilancia y acoso policial, lo que afecta gravemente a su derecho a la intimidad y a la vida familiar, entre otros. Insto al Gobierno que cese inmediatamente este hostigamiento contra ella, y le restituya la nacionalidad y su licencia como abogada”, expresó Al-Nashif.
Petición a los Ortega Murillo
Para finalizar su intervención, Al-Nashif instó a los Ortega Murillo “a revisar sus leyes y sus políticas” y a colaborar para garantizar que los derechos humanos puedan ser protegidos para todas las personas en Nicaragua.
“También pido a las autoridades que colaboren constructivamente con nuestra Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas en general, en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, remató.
Redacción Central
