El régimen de Daniel Ortega presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua que ha causado indignación entre opositores y activistas de derechos humanos, debido a que propone un modelo de persecución «transnacional», ante lo que ellos llaman «nuevas modalidades delictivas» y deja la puerta abierta para un proceso masivo de confiscaciones.
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Según la exposición de motivos presentada por Ortega, entre los nuevos delitos que pretenden perseguir y castigar esta reforma se encuentran; el robo en sus distintas modalidades, estafa piramidal, el estelionato, ciberdelitos y el uso de cibermonedas para la facilitación y encubrimiento del lavado de dinero, bienes y activos.
Son 27 artículos de la Ley 641, Código Procesal Penal de Nicaragua, los que serán modificados. Los principales cambios se encuentran en el artículo 16, donde ahora se establece el «principio de universalidad».
«Las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos fuera del territorio nacional», dice el nuevo texto del artículo.
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Delitos como terrorismo, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, crimen organizado, ciberdelitos y crímenes contra el Estado, que por lo general, son los que usa la dictadura para irse en contra de sus detractores y que según el régimen se cometan fuera del territorio, podrán ser perseguidos por las autoridades nicaragüenses «usando los mecanismos internacionales ratificados por el país», explica el texto. Esto incluiría la solicitud de supuestos criminales ante la Policía Internacional Interpol.
Exiliados en riesgo y posibles confiscaciones masivas
La reforma al artículo 47, que establece las penas, no solo habla de la prisión perpetua, sino de la pérdida de otros derechos», sin especificar, dejándolo completamente a discreción de la autoridad, controlada completamente por el sandinismo.
Pero además, establece «el decomiso de bienes y activos», dejando oficializada la confiscación en el caso de que esto se aplique a perseguidos por razones políticas.
«Toda pena que se imponga por un delito doloso, imprudente o falta, llevará consigo la pérdida de dinero, bienes o activos, incluyendo los activos virtuales, que provengan de dichos delitos», indica la propuesta de reforma.
Según el régimen, «los bienes y activos, instrumentos o ganancias se venderán si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del condenado».
Danny Ramírez, abogado y Secretario Ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos CALIDH, considera que esta reforma es un enorme retroceso sobre los avances que se habían ejecutado en los últimos años para quitarle al Código Penal el carácter «inquisitivo que favorecía tanto a las dictaduras».
«Pasa a un sistema donde puede procesarse en ausencia a la gente, eso es gravísimo», advirtió.
Ramírez indica que la reforma deja mucha «vaguedad» y cree que «de ahí se va a agarrar el régimen para sobre todo a los que hemos sido víctimas de agresiones gravísimas de ser juzgados ya en ausencia para imponernos más delitos y sancionarnos con más penas, porque este es un tipo de venganza extrema y brutal».
Pero también vislumbra que se procederá a procesar penalmente a «otros exiliados, porque esto es lo que busca esta reforma y ahí dice claramente la confiscación, se va a abrir el abanico de gente que va a seguir siendo confiscada y va a ser masiva».
«Ya debe haber una lista de afectados»
Para un jurista de amplia experiencia que nos pidió el anonimato por temor a represalias, el Código Procesal Penal con estas reformas será una «reedición de la Ley de los ausentes», solo que con un alcance mucho más masivo.
«Se van contra todos, no es necesario que estén en Nicaragua, con la Ley de los ausentes tenías que estar fuera seis meses de Nicaragua», explicó. También dijo que es posible que «ya tengan su primera lista» de los primeros a los que vayan a afectar y manifestó que si con la Ley de los ausentes se vieron afectadas más de 2 mil personas, con este Código eso será peor, «porque la cantidad de delitos es grande y la reacción de ellos va a ser fuerte».
Este jurista cree que esto puede ser una reacción del régimen al juicio que impulsa en su contra Argentina y en ese sentido, indicó que es importante que otros países, principalmente de Europa, ejecuten este mismo tipo de acciones para presionar más al régimen.
Este mismo criterio tiene el politólogo Edgard Blanco, quien asegura que además de responder al principio de universalidad usado por Argentina, quieren «tratar de amedrentar a los defensores de derechos humanos que están haciendo incidencia a nivel internacional».
«Quieren un exilio débil, un exilio que ya no sea activista», resaltó. Destacó que se busca también mandar un mensaje a la comunidad internacional «porque implícitamente ellos le llaman lavado de dinero a las donaciones de las organizaciones sin fines de lucro».
El uso de la Interpol
Lo que si cree el jurista que consultamos bajo anonimato, es que la Interpol no se prestaría a perseguir y capturar a opositores fuera de Nicaragua, porque sí «van a ver que es un asunto político».
Pero no parecer pensar lo mismo el exfuncionario judicial Yader Morazán. «¡A ese ritmo terminaremos todos en las alertas rojas de Interpol!», escribió en sus redes sociales. En Costa Rica un opositor, Douglas Gamaliel Álvarez, fue extraditado con ayuda de la Interpol en febrero de este año. El régimen sandinista lo relaciona al asesinato de un oficial de policía.
En el artículo 130, el régimen deja la puerta abierta a la posibilidad de indultos, amnistías o perdón del ofendido.
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