Las recientes declaraciones del director de la Policía Nacional, Francisco Díaz Madriz, que culpan al dictador Daniel Ortega de dar la orden de todas las acciones represivas en contra de los civiles en 2018, serán incluidas como prueba en el caso internacional contra el caudillo sandinista y su esposa Rosario Murillo, en Argentina.
Darío Richarte, uno de los abogados que acusó a la dictadura de Managua ante la justicia federal de Argentina, dijo que las recientes declaraciones que se viralizó luego de una nota que publicó Nicaragua Investiga, fueron introducidas como pruebas importantes.
Consuegro de Ortega lo inculpa en crímenes de lesa humanidad
“En el día de hoy hemos introducido una prueba muy importante: la confesión de Francisco Díaz realizada en el informe publicado el 10 de octubre de 2024 en el canal de Youtube del sitio de noticias “Nicaragua Investiga”, entre otros medios de comunicación”, publicó Richarte en su cuenta oficial en X, ante Twitter.
“En esas declaraciones el Jefe de la Policía Nacional de Nicaragua atribuyó responsabilidad directa a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como los autores de las órdenes para ejecutar la represión de los reclamos sociales del año 2018”, añadió Richarte.
Ortega dio la orden para reprimir
El pasado 10 de octubre, el director de la Policía Nacional reveló en una entrevista con la cadena rusa RT, que ellos como institución cumplieron una orden directamente de Ortega para disparar contra los manifestantes.
“Nosotros cumplimos la orden que nos dio nuestro Presidente de la República, nuestro jefe supremo, nuestro gobierno como es sabido siempre estuvo por el diálogo, fuimos al diálogo, sin embargo estos terroristas golpistas, no quisieron el diálogo nunca, más bien arreciaron”, dijo Díaz.
“Se nos dio la orden para garantizar la paz, restituir la paz en el país, la seguridad, la tranquilidad”, expresó Díaz, siendo la primera vez de esta confesión importante para conocer a los autores intelectuales de la masacre de 2018, que son más de 355 personas según organismos internacionales.
“¿Habrá querido con estas declaraciones acumular pruebas que en el futuro atenúen su responsabilidad penal? No creo que pueda conseguirlo”, insinuó el abogado y profesor de Derecho Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires.
La otra versión que dio Ortega
Ortega dio otra versión durante el diálogo nacional en mayo de 2018 ante la petición pública del representante del sector estudiantil Lésther Alemán de que “ordene el cese inmediato de los ataques”.
“La Policía tiene orden de no atacar y esa orden aquí yo se la ratifico a los policías, la policía no está para reprimir esas manifestaciones”, dijo en cadena nacional.
Los asesinatos cometidos durante ese período se incluyen el uso de francotiradores, secuestros, abusos sexuales en las prisiones, torturas y detenciones arbitrarias, lisiados y ahora se suman las confiscaciones, desapariciones forzadas, destierro y desnacionalización.
Sobre el caso contra los dictadores en Argentina
Ortega y Murillo enfrentan en la Justicia Federal de Argentina una acusación por crímenes de lesa humanidad. El proceso, interpuesto por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota ante el juez Ariel Lijo del Juzgado Nacional Penal y Correccional número 4, inició en octubre de 2022.
Los otros investigados son Francisco Díaz, jefe de la Policía; el asesor presidencial Néstor Moncada Lau; el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), general en retiro Óscar Mojica.
Piden captura internacional de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo
También figuran en la lista, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); Óscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa; Sonia Castro, exministra de Salud y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN). Se sumó a la lista la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera Sacasa.
El pasado 27 de agosto, Richarte y Pirota solicitaron la captura internacional de Ortega y Murillo. Richarte explicó a Infobae que “la solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad”.