En un evidente doble discurso, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza la apatridia como herramienta de represión política mientras pretende proyectar un compromiso con los derechos de los apátridas extranjeros en Nicaragua.
Esta contradicción emerge con la aprobación de una reforma a la Ley de Migración y Extranjería, que reconoce derechos a personas apátridas, al mismo tiempo que esa misma normativa y la nueva Constitución Política amenaza a los nicaragüenses con la pérdida de nacionalidad, en caso de ser declarados «traidores a la patria».
El 22 de noviembre de 2024, el régimen sandinista derogó el artículo 20 de la Constitución, que prohibía privar a los nacionales nicaragüenses de su nacionalidad. Con esta modificación, se abrió la puerta para que, bajo la nueva redacción del artículo 17, quienes sean considerados «traidores a la patria» pierdan su nacionalidad.
En Nicaragua, esta acusación ha sido empleada recurrentemente contra opositores políticos, periodistas, líderes religiosos y miembros de la sociedad civil. Solo en 2023, más de 316 personas fueron despojadas de su ciudadanía bajo esta figura arbitraria.
Este mecanismo no solo contradice el derecho humano fundamental a una nacionalidad, consagrado en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que también viola la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia, de la cual Nicaragua es firmante desde 2013.
Según esta normativa internacional, los Estados no deben privar de nacionalidad a individuos o grupos por razones políticas, raciales, étnicas o religiosas, ni mucho menos de forma arbitraria.
Protegen derechos de extranjeros, pero violan los de nicaragüenses
En contraste con la política de desnacionalización contenida en la nueva Constitución y en la reforma a la Ley de Migración y Extranjería, esta reconoce en su artículo 40 la condición de apátridas y garantiza derechos a los extranjeros que se encuentren en esta situación.
La ley establece que Nicaragua otorgará protección a las personas que no sean reconocidas como nacionales por ningún país, asegurándoles documentación y registro a través de la Dirección General de Migración y Extranjería.
“La Ley concederá igual trato a las personas que tienen una nacionalidad pero que no es efectiva”, establece el artículo en mención.
Mientras se proyecta como un defensor de los derechos de los apátridas, el régimen es responsable directo de la creación de cientos de casos de apatridia, despojando a críticos y opositores nicaragüenses de su ciudadanía.
Esto convierte al régimen en un actor que, lejos de prevenir la apatridia, la promueve activamente como un mecanismo de represión.
Desde 2013, Nicaragua ha estado adherida a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961).
Estos instrumentos internacionales buscan garantizar que toda persona tenga acceso a una nacionalidad y evitar que las legislaciones nacionales generen casos de apatridia.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha recordado que los Estados firmantes deben armonizar sus leyes internas con los principios de estas convenciones, incluyendo la prohibición de despojar a ciudadanos de su nacionalidad por motivos políticos.
No obstante, el régimen Ortega-Murillo ignora flagrantemente estas obligaciones, incrementando los casos de apatridia en un contexto de creciente represión política.
Estrategia de control y castigo
El régimen sandinista ha convertido la pérdida de nacionalidad en un arma política. En febrero de 2023, al menos 222 opositores fueron desterrados y enviados a Estados Unidos, declarándolos apátridas y confiscando sus bienes.
A pesar de la supuesta protección ofrecida en la nueva ley migratoria a los apátridas extranjeros, estas acciones representan una clara contradicción y un uso selectivo de los compromisos internacionales.
La doble moral del régimen Ortega-Murillo queda expuesta en la coexistencia de un discurso que reconoce los derechos de los apátridas y una práctica que los multiplica mediante la desnacionalización de opositores.
Al violar compromisos internacionales y derechos humanos fundamentales, el régimen posiciona a Nicaragua como un Estado que instrumentaliza la ley para consolidar su poder y silenciar voces críticas.
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