- Por Voz de América
MANAGUA – Luego que Estados Unidos sancionara a dos personas cercanas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, incluido su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, el oficialismo ha rechazado estas medidas y las ha tildado de injerencistas “propiciadas por vende patrias”, en referencia a la oposición del país.
El diputado y dirigente sindical del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln), Luis Barbosa dijo a la Voz de América que las sanciones han sido impuestas desde el inicio de la crisis sociopolítica en el país en 2018, han sido por solicitud de “traidores” que han cabildeado en Estados Unidos.
Barbosa señaló que, pese a las sanciones, el gobierno de Ortega seguirá avanzando y preparándose para los comicios generales que se realizarán en 2021.
“Educación gratuita, nuevos hospitales, todo eso tenemos a pesar de la situación (crisis) de 2018; a pesar del bloqueo del gobierno de Estados Unidos, seguimos adelante confiando en Daniel Ortega y en la compañera Rosario (Murillo). Creemos en el liderazgo de Fsln y no nos vamos amilanar por nada”, dijo Barbosa.
https://nicaraguainvestiga.com/difuso-s-a-la-empresa-sancionada-de-juan-carlos-ortega-desaparece-de-facebook/
Sobre las recientes sanciones Barbosa cuestionó el porqué Estados Unidos no sancionó a gobiernos “de derecha” a quienes él catalogó de corruptos y “sinvergüenzas”.
“¿Porqué Estados Unidos no sancionó a gobiernos de derecha?, más bien los apoya. Ahí andan esos sinvergüenzas, ahí andan esos traidores, a esos financian los gringos”, espetó Barbosa a la VOA.
Por su parte Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, creada por la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, señala que las sanciones están tendiendo un efecto nacional, más que personal y aduce que están afectando la inversión extranjera en el país.
“Las sanciones muchos dicen que no afectan al país porque son dirigidas a personas, pero yo creo lo contrario, yo creo que desorientan la voluntad de la comunidad internacional, meten elementos de desconfianza y deterioran la economía del país precisamente en una de las crisis mas graves de nuestra historia nacional e internacional”, asegura Amador.
Sin embargo, el legislador sandinista Wilfredo Navarro, miembro de la junta directiva de la Asamblea Nacional ha negado lo que dice Amador y ha subestimado el impacto de las sanciones.
El Congreso de Estados Unidos. Foto: Nicaragua Investiga
“Esto es propaganda política en apoyo a los que provocaron el golpe de estado en 2018, a los terroristas; es parte de la campaña de Estados Unidos para tratar de deslegitimar a gobierno. Las dos personas sancionadas no son funcionarios. Uno es hijo del presidente de la república, pero yo entiendo que estas personas no tienen bienes en EEUU y no afecta el desenvolvimiento del país. Se siguen haciendo obras de progreso”, ha dicho Navarro.
El legislador ve como “hostil” y sin ninguna incidencia las sanciones pues asegura que los sancionados no tienen ningún negocio ni empresa en Estados Unidos donde podría ocasionar impacto.
“Las sanciones no tienen ninguna incidencia, nadie tiene empresa ni negocios en Estados Unidos. Esto es propaganda política y proyección”, finalizó Navarro.
En tanto la familia en el poder en Nicaragua no se ha pronunciado oficialmente sobre las sanciones.
La vicepresidente Rosario Murillo durante su discurso el viernes no dijo ni una sola palabra respecto a las sanciones impuesta contra su hijo, sin embargo, mencionó de forma superficial que “el mal existe y que a ella misma le costó reconocerlo” pero aseguró que “el amor es más fuerte que el odio”.
Oposición niega afectaciones a Nicaragua por sanciones
Por otro lado, la oposición de Nicaragua ha rechazado en reiteradas ocasiones los señalamientos del oficialismo y ha dicho que los únicos responsables de las sanciones son los funcionarios involucrados con el mandatario Daniel Ortega.
El politólogo nicaragüense Félix Maradiaga, miembro de la Coalición Nacional ha dicho que las sanciones son el resultado de los hallazgos que ha hecho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de actos de corrupción de lavado de dinero y desvío de fondos públicos, “es decir de robo”.
“Estas sanciones indican que le están apretando fuertemente la soga al cuello a la dictadura y son el resultado de una fuerte presión internacional. Es fundamental de nuestra parte continuar haciendo la contribución y aporte como es la organización ciudadana para salir de esta dictadura”, señaló Maradiaga.
Felix Maradiaga, Consejo Político UNAB. Foto: Nicaragua Investiga
La exguerrillera sandinista, exaliada al mandatario Daniel Ortega, Dora María Téllez también negó que haya algún daño a Nicaragua por las sanciones impuestas a individuos cercanos a la familia en el poder.
“En realidad yo no he conocido a ningún nicaragüense que haya sido afectado por las sanciones impuestas por ejemplo este viernes a Juan Carlos Ortega. A quien sí afectan es a Juan Carlos Ortega, a sus empresas que producto de la corrupción, lavado de dinero ha obtenido. Afectan a Rosario Murillo y Daniel Ortega, a sus socios”, dijo Téllez.
“El hecho que sancionen a un ladrón no significan que afecten a Nicaragua. Sancionaron a Rosario Murillo ¿y en qué nos afectó? Al contrario, nos ha beneficiado a nivel internacional que se sepa que en el país hay una banda de criminales en el poder, por eso es que aplaudimos las sanciones contra los ejes del poder”, añadió la exguerrillera.
Dora María Téllez dijo que los avances del Frente Sandinista que resalta el oficialista Luis Barbosa son falsos y se evidencia en el manejo de la actual pandemia. “Cómo se puede decir que hay un avance en el sistema público cuando están cobrando 150 dólares por realizar la prueba del COVID-19 por ejemplo”, cuestionó Téllez.
Juan Somarriba
julio 19, 2020 at 11:04 am
Pues en lo específico, puede haber afectaciones a algunos nacionales, y deberíamos considerarlas, para que nadie sea tildado de insensible.
Los trabajadores de las empresas sancionadas podrían verse afectados. No es razonable pensar que les estén dando su salario a los trabajadores de las estaciones de venta de derivados del petróleo cerradas (gasolineras DNP), por ejemplo.
Lo que queda es sensibilizar a la sociedad, que son repercusiones inevitables, que quiero decir: que por estas repercusiones no se debe dejar de aplicar medidas de castigo a las empresas e individuos que han actuado de manera corrupta y criminal al amparo del régimen dictatorial.
Es imposible decir: «pobrecitos los muchachitos (Juan Carlos OrMu, Rafael OrMu, Laurenao OrMu, etc.) que con el sudor de su frente y sus esfuerzos honorables, éticos y legales han construido esos emporios económicos»
Faltan muchos todavía. Se debería incluir entre estos a rectores y rectoras y sus consejos universitarios, que hayan expulsado a estudiantes por manifestarse contra la dictadura.