La Asamblea Nacional aprobó el lunes una ley para castigar con multas o cese de operaciones a las empresas que apliquen en el país sanciones internacionales, como las que ha adoptado Estados Unidos contra el gobierno de Daniel Ortega.
El gobierno podrá «imponer sanciones y multas» e incluso ordenar «la suspensión temporal o definitiva» de operaciones a las entidades que apliquen sanciones extranjeras, según el texto aprobado por unanimidad por el parlamento, de mayoría oficialista.
La ley fue votada luego de que el viernes la Asamblea Nacional (AN, legislativo) aprobara, también por unanimidad, una reforma constitucional que otorga poder absoluto del Estado a Ortega y su esposa Rosario Murillo, cuyo rango fue elevado de vicepresidenta a «copresidenta».
Ortega, quien presentó ambas iniciativas, argumenta que la ley protegerá a los nicaragüenses y sus instituciones de las sanciones, pero analistas advierten que pondrá en serios aprietos a bancos y otras empresas extranjeras que realizan negocios en Nicaragua.
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El analista nicaragüense Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, comentó a la AFP que esta normativa pone en «alto riesgo financiero al país», pues los bancos nacionales que la apliquen se arriesgarán «a sanciones del Tesoro estadounidense».
Además, el incumplimiento de la nueva ley será considerada en el ámbito penal como «traición a la patria», delito que puede conllevar una pena de unos 30 años de prisión.
AFP
