La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó el pasado 27 de julio una propuesta de reformas a la Ley General de los Registros Públicos y al Código de Comercio.
La propuesta se presentó con el supuesto fin de cerrar las brechas por las cuales “el crimen organizado pueda realizar sus acciones”.
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Ya que según señala el documento “mediante el uso de sus incalculables recursos económicos y materiales, los grupos criminales han intentado evadir las medidas de control y enfrentamiento, trasladando sus operaciones a otros sectores donde las restricciones no sean tan rigurosas”.
Por lo que la CSJ ha propuesto crear un Registro de Beneficiario Final (BF) de las sociedades mercantiles.
Obligando a que estas declaren y actualicen información sobre el BF, y a su vez, que “las autoridades competentes e instituciones pertinentes” tengan acceso directo a dicha información.
Según la propuesta presentada, este nuevo registro evitaría que las sociedades mercantiles sean utilizadas para actividades de lavado de activos, pues tendrán “información adecuada, oportuna y actualizada”.
Reformas en duda por ausencia de credibilidad institucional
La propuesta de reformas surge en un contexto en el que hace unas semanas Nicaragua fue posicionada como el décimo sexto país más propenso al lavado de activos por el Instituto de Basilea.
El economista Maykell Marenco asegura que, aunque dicha medida es positiva, el problema es que en Nicaragua no existe confianza hacia las instituciones.
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“La medida en cierta medida es positiva porque es una de las recomendaciones de la GAFI y de la Agencia Internacional de Análisis financiero” destaca Marenco.
Sin embargo, señala que para ello deben existir mecanismos para dar estos seguimientos y no resulta tan fácil de sobrellevar.
Sobre todo, porque existe poca credibilidad e institucionalidad en la supervisión y control de estos datos.
Agrega que, en un escenario distinto, no habría ningún problema, y habrían garantías de que se haría un trabajo efectivo con esa información y no se vulnerarán derechos.
El economista nicaragüense Maykell Marenco. Foto: VOA
“Si la confianza estuviese reunida completamente sobre el aparato estatal, no habría ningún problema, la confianza recae sobre él, y habrían garantías que se hará un trabajo efectivo con esta información y que no se van a vulnerar derechos. Pero hay mucha incertidumbre en el mercado”.
El diputado Maximino Rodríguez, de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, asegura que “la medida no es que sea mala, por el contrario, cumple con las recomendaciones de prevención, mitigación y supresión del lavado de activos entre otros ilícitos”.
El problema, para Rodríguez, es que en Nicaragua el Estado de Derecho no existe y “será una herramienta del sistema dictatorial de Daniel Ortega para chantajear a los empresarios y beneficiarios finales de determinada sociedad mercantil”.
Empresarios se verán afectados
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, ha declarado que el tema “mantiene con cuidado” al sector empresarial.
Pues asegura que esta medida “coloca en manos de las autoridades otra pistola que pueden utilizar en contra del empresariado”.
A consideración del representante del Cosep, la propuesta “vulnera el derecho a la privacidad de las personas, y la confidencialidad en las instituciones”.
“Se está creando un sistema que será aplicado de manera indiscriminada a todas las sociedades con independencia” asegura.
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De igual forma, señala que afectará en términos de tramitología ya que, al crear un nuevo registro, los procesos tomarán más tiempo y se verán encarecidos.
Lo que a opinión de Aguerri “va a crear un cuello de botella registral que afectará, desde la más pequeña empresa, hasta la más grande”.
El representante del Cosep considera que la situación del déficit de información sobre las sociedades mercantiles en Nicaragua “es un problema sistémico que requiere soluciones integrales y no de parches”.
Por lo que considera que las nuevas reformas propuestas no tendrán efecto alguno, ya que “no se está atacando el tema de fondo”.
Lo que considera sería “la actualización de todo el sistema de registro de sociedades mercantiles y que sean realmente accesibles”.
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