Los medios de propaganda de Daniel Ortega anunciaron la inauguración de una «Casa Materna» este martes, en las oficinas del semanario Confidencial, que fueron ilegalmente confiscadas en diciembre de 2018. En el lugar se instaló equipos de sonido, toldos y sillas.
Las instalaciones del edificio fue pintado de color «rosado chicha», que son los colores que utiliza el gobierno sandinista para su propaganda política. La casa materna está ubicada en el Distrito I y tiene como nombre «Camila López«. En su entrada hay un rótulo de la pareja presidencial.
Gobierno inaugurará instalaciones del Minsa en edificios de medios de comunicación confiscados
Cabe señalar que el día viernes reapareció el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, en una sesión especial que se realizó en la Asamblea Nacional. Rosales no dijo ni una sola palabra al respecto.
A inicios de 2020, varios medios abordaron a dicho magistrado sobre los edificios tomados por la policía nicaragüense y mencionó que «pronto» habría una resolución ante los recursos de amparo interpuestos por el propietario del lugar Carlos Fernando Chamorro.
«Intento de «lavar» un crimen de Estado»
«En realidad, estamos ante un burdo intento de «lavar» un crimen de Estado contra las libertades de prensa, de expresión, y de asociación, con la complicidad del Ministerio de Salud», escribió recientemente el periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, quien catalogó la confiscación al estilo manu militari por parte de la Policía Nacional.
El 14 de diciembre del año pasado, Chamorro se presentó a las oficinas de Confidencial para dar lectura de una nota de prensa para que devolvieran el edificio, pero fue despojado de lugar a empujones por un grupo de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP).
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«No van a confiscar las ideas, ni el periodismo nunca. No van a impedir que la prensa libre siga informando», refutó Chamorro a los antimotines, mientras lo empujaban.
La confiscación de Confidencial quebranta el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual señala que se prohíbe la confiscación de bienes. «Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos», cita dicho artículo.
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