Tras 64 años de existencia del sistema de seguridad social en Nicaragua, este se ha visto envuelto en diversos escándalos asociados con la mala administración del propio Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El seguro social supone brindar beneficios y protección a futuro a la población, pero debido a esas experiencias, estos han venido reduciéndose poco a poco con el paso de los años.
La crisis actual que atraviesa el país, es un ejemplo claro del riesgo en que se encuentra el sistema de seguridad social —una realidad irónica para lo que supone ser un elemento imprescindible de la seguridad pública—. El 17 de abril de 2018, el decreto 03-2018 fue el punto clave de un estallido social, este establecía una serie de reformas a la Ley de Seguridad Social entre las cuales se pretendía cobrar un impuesto del 5% a las pensiones de los jubilados.
Las protestas masivas que se generaron producto del decreto presidencial, provocó que de forma inmediata esta fuese derogada. Sin embargo, tras una serie de acontecimientos violentos que puso fin a las manifestaciones civiles, en febrero de 2019 entraron en vigencia unas nuevas reformas que terminaron siendo bastante similares a las propuestas un año antes, afectando a miles de asegurados.
Cambios impactaron bolsillos
Entre los cambios aplicados al seguro social se encuentra el hecho de que la tasa de cotización tanto para empresas, como empleadores, sufrió un aumento. Los asalariados pasaron de aportar un 6.25% a un 7%, y en el caso de los empleadores pasaron de asumir el 19% a un 21.5% o 22.5%, en dependencia del número de trabajadores que tengan. En el caso de quienes pagan el seguro facultativo, en el régimen IVM (invalidez, vejez y muerte) pasó del 10% a 14%, y en el régimen integral pasó del 18.25% al 22.5%, según explica el blog Dele peso a sus pesos.
En el caso de las pensiones, estas se redujeron hasta un promedio del 50% según indica el catedrático Carmelo Mesa-Lago en su diagnóstico «La seguridad social en Nicaragua». De igual forma, cambió la referencia salarial pues ahora se toma en consideración las últimas 375 semanas para promediar el salario.
Las asignaciones familiares también se vieron reducidas en -1.5% para esposas de jubilados o mujeres que tienen esposo inválido, y en -1% para los hijos menores de edad y dependientes ascendientes mayores de 60 años.
La realidad es que el INSS está al borde de la quiebra. Hasta noviembre de 2020, la institución continuó presentando un déficit presupuestario de 2,615.8 millones de córdobas, es decir un 8.6% más del que presentó al cierre del año 2019. En este mismo periodo, el número de asegurados pasó de 727,025 en 2019 a 714,540 a noviembre de 2020.
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