La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión este sábado y como primera medida destituyó a los jueces que integran la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que adoptó decisiones incómodas para el mandatario; así como al fiscal general Raúl Melara.
«Con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados», declaró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. La decisión retiró del cargo a los cinco miembros de la sala constitucional y a sus suplentes. El Parlamento nombró de inmediato a sus reemplazantes.
En el caso del fiscal Melara, se destituyó con la misma cantidad de votos que a los magistrados.
La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados de esta sala de haber emitido sentencias «arbitrarias»; mientras que al fiscal, se le señaló de no ser independiente.
«Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡DESTITUIDOS!», enfatizó Bukele al ser aprobada la destitución.
Sin embargo, pese a ya haber sido relevados del cargo, los miembros destituidos de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon «la inconstitucionalidad del decreto de destitución», porque «viola la forma de gobierno republicana».
En su sentencia denunciaron la intención de «suprimir los controles efectivos hacia los órganos Ejecutivo y Legislativo», necesario para la República y para la defensa de la democracia.
Enfrentados con el presidente
Bukele ha librado una batalla contra la ahora saliente Sala de lo Constitucional, que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.
En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había «quitado atribuciones para luchar contra la pandemia» de covid-19 y para cuidar de la vida de sus compatriotas.
La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro salas que componen la Corte Suprema. Su misión es resolver demandas de inconstitucionalidad, hábeas corpus y controversias entre los poderes del Estado.
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Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos «por causas específicas, previamente establecidas por la ley».
«Existen claras evidencias de que los magistrados actuales no reúnen los méritos para un rol tan fundamental», dijo el diputado del oficialista Nuevas Ideas (NI), Caleb Navarro, y consideró que removerlos era una medida de protección para la población.
«Es evidente que los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita a funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin la vida no existen demás derechos constitucionales», consideró la legisladora Suecy Callejas, también de NI.
Nicaragua Investiga
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