El descontento hacia el régimen de Daniel Ortega es cada vez mayor, y las votaciones del 7 de noviembre, consideradas una farsa por la comunidad internacional y la oposición, dan cuenta del desgaste del sandinismo.
Aunque el Consejo Supremo Electoral (CSE) le adjudicó a Ortega y a su esposa Rosario Murillo 2,093,834 de los 2, 921, 430 votos supuestamente depositados en la elección de presidente y vicepresidente, las mismas cifras de la polémica institución arrojan que muchas personas fueron a las juntas receptoras de voto pero no necesariamente votaron.
Es que, según el CSE, 161,687 de los votos para presidente y vicepresidente fueron nulos, subiendo la cifra a 170,550 en el caso de la votación para diputados de la Asamblea Nacional. En la elección de diputados departamentales las boletas anuladas fueron 159,527 y en la elección de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), fueron mayores incluso: 175,102.
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Haciendo una comparación con las elecciones del 2016, se nota un evidente crecimiento del voto nulo. Ese año el Consejo Electoral adjudicó a Daniel Ortega una victoria con el 72.5% de los votos. Sin embargo, los votos nulos fueron 90,246 en la elección presidencial y en el caso de la votación para diputados nacionales 104,912.
Es decir, en relación entre el 2016 y el 2021 los votos nulos crecieron casi en 70 mil.
Solo 814 mil ciudadanos votaron
Contrario a los informes oficiales, la organización independiente Urnas Abiertas asegura que el abstencionismo en las votaciones del 7 de noviembre fue del 81,5 %, de los más de 4,4 millones de personas habilitadas para votar. Urnas abiertas asegura que solo 18,5 % acudió a los centros habilitados, lo que representaría 814 mil ciudadanos.
Coacción
El día de las elecciones fue evidente cómo el gobernante FSLN movilizó a sus bases para garantizar que votaran. Urnas Abiertas incluso afirma haber registrado en 13 departamentos “acciones violentas para coaccionar a la ciudadanía” al voto.
“Dichas acciones, se llevaron a cabo desde días antes de la jornada de votación del 7 de noviembre y se enmarcan en la estrategia coercitiva de la dictadura para condicionar las preferencias del votante a través de las estructuras del Estado, empresas afines, así como el control policial y paramilitar. Estas acciones fueron implementadas por instituciones públicas, trabajadores del Estado y de integrantes de las estructuras partidarias del FSLN, lo que evidencia que responde a una acción coordinada proveniente del más alto nivel de toma de decisiones del partido-Estado”, reportó esta organización el 22 de noviembre en su noveno informe sobre los comicios.
Voto nulo entre trabajadores del Estado
Entre los coaccionados para asistir a las urnas estuvieron los trabajadores del Estado o bien aquellas personas que son beneficiarias de programas asistencialistas implementados por el gobierno. Algunos aseguran que efectivamente tuvieron que ir a los Centros de Votación, pero prefirieron marcar nulo.
“Tuve que ir, pero no voté por nadie. Eliminé mi voto”, afirmó una joven trabajadora de una institución del Estado.
“Uno sabe que tiene que ir a votar, porque te pueden correr si no lo hacés… Que yo sepa, al menos donde yo estoy, no había nadie revisando si fuiste a votar, pero era mejor llevar el dedo manchado”, explicó.
Ante la evidente poca afluencia de votantes, el régimen optó en horas de la tarde por poner en ejecución la operación “acarreo”, pero esto no fue suficiente y hasta extranjeros que simpatizan con el sandinismo y se prestaron a “avalar” las votaciones, admiten que muy pocas personas acudieron a las urnas.
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“Yo fui a cuatro centros de votación y en tres no había filas. En uno de los centros había fila, pero no muy larga, quizás cinco o seis personas”, manifestó el agitador mediático de origen estadounidense Benjamin Norton, a quien los Ortega invitaron como “acompañante electoral”.
Días antes de realizarse las votaciones, la prestigiosa firma CID Gallup dio a conocer una encuesta en la que apenas el 9% de la población afirmaba ser simpatizante del FSLN.
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