La oposición venezolana volvió a expresar este viernes su disposición a volver a las negociaciones con el gobierno de Maduro en Ciudad de México, facilitadas por el Reino de Noruega y detenidas en octubre pasado.
La plataforma unitaria que se opone al chavismo publicó un comunicado donde reitera al pueblo venezolano, Noruega, la comunidad internacional, así como a Rusia y Países Bajos como países acompañantes del diálogo, “su plena disposición a retomar la agenda de negociación” en México.
La discusión de los puntos pendientes, entre los que destacan la reivindicación de los derechos políticos y el levantamiento de sanciones internacionales, está “más vigente y es más urgente que nunca”, según el texto de la oposición.
Divulgado en las redes sociales y el portal en internet de la presidencia encargada del líder opositor Juan Guaidó, el documento critica al gobierno de Maduro por levantarse de la mesa de negociación.
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El oficialismo notificó antes de iniciarse la tercera ronda de conversaciones en México, en octubre, que se retiraba del proceso por la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab.
Como parte de su delegación para el diálogo, el chavismo designó a Saab, a quien Caracas identifica como su enviado especial con rango diplomático.
El jefe delegado de Maduro para el diálogo en México y presidente del Parlamento votado en 2020, Jorge Rodríguez, condicionó este miércoles el retorno del oficialismo a las negociaciones a la liberación de Alex Saab y a que la oposición devolviese el dinero que, a su entender, robó al país.
«Basta de hipocresía. ¿Quieren diálogo? Liberen de inmediato a Alex Saab (…) devuelvan el dinero que ustedes que se robaron, os activos que ustedes se robaron, el oro de Inglaterra”, vociferó en el Palacio Federal Legislativo, en referencia al control por parte del gobierno interino de Guaidó de empresas y reservas del país suramericano en naciones como Estados Unidos y Colombia.
Reforma «unilateral»
Los detractores del chavismo se refirieron además a la aprobación en primera discusión de una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Parlamento electo en 2020, que la oposición desconoce como una institución legítima y que el oficialismo domina ampliamente.
Esa modificación legislativa aspira a reducir el número de jueces y de salas del poder judicial venezolano, designando nuevos magistrados, para su “eficacia”.
Se preveía que, en México, se pactara una reforma de esa naturaleza. “Un proceso de este tipo, adelantado de forma unilateral, no solucionará la crisis de fondo. Solo una reforma integral y amplia logrará una justicia imparcial que le devuelva a los venezolanos la confianza y que no sea utilizada como elemento de coacción de la lucha política y electoral”, apuntó la plataforma unitaria.
Una de las demandas que promueven los opositores son la libertad de los presos políticos y la “convicción” de que el poder judicial no se utilizará para seguir deteniendo venezolanos “por diferir del régimen”, remarcó el texto.
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Escalada de odio
La oposición cercana a Guaidó, a quien 50 gobiernos del mundo reconocen como presidente encargado de Venezuela, alertó a la comunidad internacional sobre “una escalada en el discurso de odio y las amenazas” del oficialismo en contra de la dirigencia de partidos que no comulgan con Maduro.
Esta semana, el dirigente del chavismo y diputado del partido gubernamental, Diosdado Cabello, mostró en su programa televisivo carteles de “se busca” con las fotografías de opositores, entre ellos tres integrantes de la delegación para el diálogo en México: Freddy Guevara, Tomás Guanipa y Stalin González.
“Nuestra voz se mantendrá al servicio de las mayorías y seguirá siendo testimonio de denuncia de todas las víctimas civiles y militares que han sufrido violaciones de derechos humanos”, acotó la plataforma opositora.
Este jueves, Estados Unidos consideró que el gobierno de Maduro “necesita” volver al diálogo de México e hizo votos porque el oficialismo venezolano desee, en vez de liberar a Saab, “acabar los abusos de derechos humanos y una solución a la crisis humanitaria” en Venezuela, según manifestó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, durante una rueda de prensa telefónica.
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