En Nicaragua existe un consenso de que solo el diálogo traerá paz y tranquilidad tras casi cuatro años del estallido social de abril del 2018, tiempo en el cual el país entero se ha visto golpeado fuertemente por la crisis económica, la separación de las familias y las medidas implementadas por el régimen sandinista para acallar a la disidencia.
Con 170 presos políticos y leyes que coartan las libertades fundamentales en cualquier país democrático, el dictador Daniel Ortega y su familia lucen consolidados en el poder, a pesar de las sanciones a su círculo cercano y a varias de las empresas, que según Estados Unidos, han sido usadas para lavar dinero.
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¿Pero qué tan posible es un diálogo bajo estas condiciones? Familiares de la mayoría de presos políticos, la cúpula del gran capital aglutinada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y otras organizaciones, lo quieren.
El pasado 27 de enero el Cosep dijo estar anuente al “considerar el diálogo como el único instrumento para que los nicaragüenses encontremos el camino hacia la reunificación de la familia» y también se comprometió de “manera franca, a la búsqueda de soluciones viables, prontas y sin precondiciones, que prioricen solucionar la encrucijada que atraviesa la nación».
Fue un pronunciamiento de gran peso, dado que fue el Cosep el que durante 11 años mantuvo un acuerdo “de diálogo y consenso” con Ortega, y que según los críticos se mantuvo a costa del deterioro institucional del país.
En realidad, pese a la urgencia, el diálogo no pasa de ser un simple deseo y las principales organizaciones opositoras aseguran no tener ningún acercamiento con el régimen, pero esto no quiere decir que no existan algunos otros sectores que sí lo estén intentando.
“Creo que las organizaciones democráticas y en particular la Unidad Nacional no hemos tenido acercamiento con el régimen, sin embargo, si hemos sabido que hay otras organizaciones y partidos que sí han tenido la intención de acercarse al régimen para entablar un diálogo y estos en su mayoría puede ser que estén liderados por el PRD en este caso”, afirma María Laura Alvarado, integrante del Consejo Político de la UNAB.
Esta importante organización opositora sostiene que dialogar con Ortega es difícil dado que este se ha negado al menos a liberar a los presos políticos.
Consultados en si han delegado a alguien para que participe en un proceso de este tipo, Alvarado es enfática al respecto: “No. No hemos delegado a ninguna persona para que participe o para que interlocute por parte de la UNAB ante alguna de las organizaciones o del régimen”.
Es que la UNAB considera que la liberación de los presos políticos es una de las cosas que se tienen que dar primero para que la gente “realmente sienta que este futuro diálogo viene a resolver la crisis en Nicaragua”.
“Un diálogo a como lo está configurando Ortega donde no hay liberación de presos políticos, no hay cese al estado policial, no hay restablecimiento de las libertades públicas, no es diálogo que va a resolver la crisis política sino que vendría a ser un diálogo que le daría la legitimidad y fuerza que el régimen necesita en estos momentos”, explica.
Nicaragua Investiga también consultó el tema con María Asunción Moreno, de la Alianza Cívica, y esta dijo que «no ha habido ningún tipo de acercamiento» con el régimen de Daniel Ortega.
El caso Cosep
Entre las organizaciones que están buscando un diálogo está el Cosep, aunque a ciencia cierta lo único que se conoce son declaraciones de su presidente, César Zamora, filtradas por diferentes medios de comunicación, entre estos La Prensa, en las que aseguraba el 26 de enero ante distintas cámaras empresariales que tenían que “hablar de una negociación” con Ortega. El empresario es un firme creyente de que los “diálogos sí han funcionado” para liberar a presos políticos.
“Hoy tenemos que hablar de una negociación, diálogo, encuentro, todo debido a tres amigos que están desesperados y nos debemos a ellos”, aseguraba Zamora, en referencia a los expresidentes del Cosep, Michael Healy y José Adán Aguerri, y Álvaro Vargas, exvicepresidente de esa gremial, todos ellos arrestados el año pasado en la última ola represiva de Ortega contra la oposición.
Zamora dijo en dicho encuentro que entre las organizaciones dispuestas a dialogar están el Cosep, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) y Unión de productores agropecuarios de Nicaragua (UPANIC). Sin embargo, posteriormente la presidenta de CxL, Kitty Monterrey afirmó que “ni mi persona, ni el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por la Libertad hemos sostenido encuentro alguno con ellos”.
Aunque aún no se ha aclarado el asunto, Zamora sostuvo que fue informado que Healy, Vargas y Aguerri fueron liberados de la acusación de lavado de dinero y solo han quedado acusados de “menoscabo de integridad nacional”.
Como se puede notar, las posiciones de la UNAB y del Cosep distan en un punto, mientras que la UNAB cree que la previa liberación de presos políticos es fundamental para un diálogo para resolver los otros problemas del país, el Cosep ve el diálogo como un mecanismo para liberar presos políticos.
Diálogo económico, pero entre sectores oficialistas
El año pasado Ortega había anunciado que iniciaría un diálogo en el 2022, pero realmente nunca dijo que hablaría con la oposición. Hace par de semana, Rosario Murillo informó que el régimen estaba empezando una serie de encuentros económicos “de unidad para la prosperidad”, pero con sectores afines, es decir, la prioridad del régimen es económica y no incluye a quienes acusa de querer botarlo.
Ortega dialogará si cree que lo necesita
El jueves 27 de enero el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que Estados Unidos no veía que Ortega quisiera un diálogo.
“No hemos visto ningún tipo de indicio sustancial de que el régimen esté interesado en algún tipo de negociación. Si llegáramos a verla, sería ciertamente algo bueno y lo apoyaríamos como corresponde”, manifestó.
Un analista consultado aseguró que efectivamente parece no tener interés en un diálogo, al menos por el momento. “Ortega ha jugado sus cartas, quemado sus naves. Él no se ve fuera del poder de ninguna manera y va a hacer todo lo que él considere necesario para mantenerlo. Si en algún momento necesita dialogar lo va a hacer. Él ha usado los diálogos para oxigenarse. Ya lo vimos en el 2018, en el 2019”, señaló.
Uno de los puntos que llevaría a Ortega a dialogar es la presión internacional y también querer calmar la situación interna del país, que también está afectando a sus propios seguidores, considera. Aunque por el momento no se ve nada de eso.
“El tema de Nicaragua no parece prioritario para la comunidad internacional, enfocada más en la crisis de Ucrania o en problemas internos de cada país”, indica el analista.
Familiares desesperados
Pero, la desesperación de los familiares de presos políticos es enorme, debido al deterioro físico de estos, muchos de los cuales son de la tercera edad y con graves enfermedades.
“Creemos que la única manera de que esto suceda es establecer un diálogo urgente y directo con el gobierno de Ortega para abogar por los derechos humanos en Nicaragua y tratar de iniciar procesos abiertos y democráticos para el futuro”, manifestó el 8 de febrero el famoso dramaturgo estadounidense Roberto Aguirre-Sacasa, tras conocer que horas antes había sido declarado culpable de “traición” su padre, el excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa.
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