“Son unos secuestradores de un bien que no les pertenece, son unos ladrones”, dijo Jorge Rodríguez en referencia directa a Cecilia Incardona, la fiscal argentina que apeló la orden de un juez de liberar a 12 de 19 tripulantes del avión de Emtrasur y a la que acusa de depender de la embajada de EEUU.
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El Gobierno del presidente Nicolás Maduro condicionó la reanudación del diálogo con la oposición en México a la devolución de un avión detenido en Argentina desde el 6 de junio por posibles vínculos con terrorismo.
“No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo, ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esa, muy sencillo. Igual que como dijimos con el diplomático secuestrado, Alex Saab”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista y jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición en México.
El Boeing 747, anteriormente pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air y luego fue adquirido por la compañía Emtrasur, subsidiaria de la estatal venezolana Conviasa. Actualmente sigue bajo investigación de las autoridades argentinas que buscan determinar si los tripulantes del vuelo, 12 venezolanos y cinco iraníes, tienen vínculos con el terrorismo internacional.
A inicios de este mes la justicia estadounidense solicitó a Argentina que le permita confiscar el avión por presuntamente haber violado “sanciones y leyes de exportaciones”, un anunció que desató un categórico rechazo del gobierno venezolano.
“Tenemos dos objetivos, recuperar el oro que pretenden robarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa que está secuestrada y pretenden robarnos en Argentina, vamos a dar una batalla con todas nuestras armas comunicacionales y políticas”, dijo Maduro el lunes.
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A pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional a volver a la mesa, los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición celebrados en México, quedaron suspendidos en octubre del 2021, tras la extradición a EEUU del empresario colombiano, Alex Saab, a quien el gobierno venezolano buscaba incorporar en su delegación.
Saab, a quien el gobierno de Maduro reconoce como diplomático, es procesado en EEUU por conspiración para blanquear capitales.
Portavoces de la Administración del presidente Joe Biden dijeron en mayo, según la agencia AP, que aliviarían sanciones económicas contra el gobierno de Maduro como un gesto para reanudar los diálogos con la oposición venezolana en México.
Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en los diálogos con el gobierno de Maduro, afirmó a mediados de año que han trabajado “muy de cerca” con EEUU en “acciones especificas que tienen como finalidad la reactivación del proceso de negociación conforme al Memorando de Entendimiento firmado en la Ciudad de México”.
Aunque no precisó las “acciones especificas”, en ese entonces el Departamento del Tesoro de EEUU removió de su lista de sancionados a Carlos Erik Malpica Flores, ex vicepresidente de finanzas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sobrino de Cilia Flores, esposa de Maduro.
Previamente la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana había negado “categóricamente” las versiones que afirmaban que había solicitado la eliminación de sanciones personales a funcionarios venezolanos como parte de una negociación.
Nicaragua Investiga
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