- Foto: CORTESÍA
A menos de quince días que la Policía Nacional controlada por el presidente Daniel Ortega, fuera denunciada por fracturarle el brazo a un reportero de Canal 12, la institución volvió a agredir a dos periodistas mientras daban cobertura a un plantón antigubernamental en el sector de Plaza de las Victorias, en Managua. Esta vez se trata de la periodista Joseling Rojas, de Canal 10 y María Gómez, del medio digital Artículo 66.
Rojas comentó durante una transmisión en vivo en Canal 10 que los agentes le golpearon su brazo con el fin de botarle su teléfono para que no siguiera transmitiendo la protesta antigubernamental, sin embargo al continuar ejerciendo su labor un policía le arrojó tierra en la cara para lograr su objetivo.
«Lastimosamente a eso es que nos afrontamos por hacer nuestro trabajo», denunció la reportera. Al mismo tiempo los oficiales agredieron a la periodista de Artículo 66 a quien la avasallaron en un rincón de un parqueo privado y fue embestida para que también dejara de transmitir en vivo en la plataforma donde trabaja.
Ambas reporteras fueron agredidas mientras grababan la violencia de los agentes para frenar que manifestantes protestaran exigiendo justicia y democracia en un sector de la capital nicaragüense.
La protesta fue convocada por miembros de Jóvenes por el Cambio Democrático, liderado por Zaida Hernández. En el lugar también hizo presencia el jefe de bancada de Partido Liberal Constitucionalista Jimmy Blandón.
Desde septiembre del año pasado la Policía Nacional declaró «ilegales» las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y advirtió a sus organizadores que «responderán ante la justicia», en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos en las manifestaciones.
«La Policía Nacional responsabiliza a quienes han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas, y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses», informó la institución en un comunicado.
«Los convocantes son responsables y responderán ante la justicia de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades», agregó la Policía.
Analistas políticos han dicho que esta normativa es ilegal y se basa en la instalación de un Estado Policial de facto por no estar decretado en ley.
Escalada de violencia
Mientras tanto la Fundación Violeta Barrios de Chamorro reportó 328 violaciones a la libertad de prensa en los últimos tres meses. “Las restricciones administrativas, intimidación y las amenazas siguen siendo las principales violaciones a la libertad de prensa”, destaca el informe, que además identifica a servicios aduaneros, policías y simpatizantes del Gobierno como los victimarios más recurrentes.
A esto se suma la retención de materia prima al único diario de Nicaragua que está en circulación y las múltiples agresiones a periodistas.
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